Creen que se debe adecuar los tiempos judiciales a las exigencias de la economía, pero sin merma de garantías para los acreedores
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Economistas, jueces y académicos consideran que, aunque el anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que en estos momentos se encuentra en tramitación, supone un avance, cabe introducir mejoras en algunos aspectos que, de no ser tomados en consideración, “podrían dar al traste con los objetivos de dicha norma”.
Entre las mejoras expuestas en un coloquio organizado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se encuentran la necesidad de eliminar los privilegios del crédito público, especialmente para pequeños emprendedores y personas físicas.
Además, creen que se debe adecuar los tiempos judiciales a las exigencias de una economía dinámica y competitiva, pero sin merma de garantías para los acreedores y testar previamente los formularios electrónicos y avances digitales que se anuncian para que puedan ser eficientes y funcionen correctamente.
Para los especialistas en la materia, se debería incorporar medidas ‘pre-pack’ para agilizar los procesos de venta de unidades productivas en los trámites preconcursales, e incluir medidas de mediación concursal, acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios como herramientas complementarias contra las situaciones de insolvencia.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich: tenemos una piedra en el zapato a raíz de la moratoria concursal y de la crisis que ha venido por la pandemia. Los datos son que sorprende el poco uso que hacen las empresas y entidades del procedimiento concursal en España. Según informes, los países de la UE de cada 10.000 empresas, 52 utilizan los procedimientos concursales y en España son 13. Si comparamos países más próximos como Portugal, son 55 o Italia 27 y Francia 78. La primera conclusión es que se utiliza poco el sistema judicial
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha señalado que, si bien en una primera lectura de la reforma concursal pueden apreciarse cambios positivos, como la incorporación de un nuevo sistema concursal para microempresas, el impulso de los planes de reestructuración o el necesario avance digital, en una lectura con más detenimiento se observan algunas deficiencias como la poca claridad de la regulación del administrador concursal y de las nuevas figuras que desarrolla.
Según Pich, en algunos puntos el anteproyecto se aleja de la Directiva de Insolvencia que se traspone y de la práctica habitual concursal europea e internacional, principalmente en el incremento de los privilegios del crédito público, por lo que la segunda oportunidad va a ser muy difícil de conseguir para pequeños emprendedores y personas físicas.
Por su parte, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha valorado que en el anteproyecto se opta por potenciar los procedimientos preconcursales, ampliando su ámbito de aplicación, posibilitando su inicio temprano y tratando de facilitar la aprobación de acuerdos entre las partes, así como por agilizar las liquidaciones y facilitar la venta de unidades productivas en funcionamiento.
También le parece correcta la apuesta por la digitalización para reducir costes y agilizar procedimientos, aunque ha advertido de que plantea riesgos mientras se perfecciona el sistema que habría que tratar de minimizar manteniendo mecanismos de flexibilidad y ayuda al usuario”.
“El Anteproyecto de reforma concursal, si bien dibuja el espíritu de la Directiva, deja de abordar algunas líneas que consideramos esenciales para la gestión eficiente de las insolvencias en España. Aspectos como la no profesionalización de los procedimientos de reestructuración ni de las soluciones de venta exprés de unidades productivas, la eliminación de los administradores concursales en procedimientos de microempresas o el mantenimiento de la sobreprotección del crédito público podrían dar al traste con los objetivos perseguidos por el anteproyecto”, ha concluido Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE).