MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha insistido en que es “urgente” desplegar el Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, ya que permitirá revertir la tendencia alcista del Índice de Precios al Consumo (IPC), frenar el aumento de costes a empresas y familias e iniciar a corto plazo la reducción de la inflación hasta niveles más moderados.
Según el avance de la inflación que ha hecho público este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), el subió un 3% en marzo en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos, hasta el 9,8%, su valor más alto en 37 años, concretamente desde mayo de 1985.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha explicado que un 73% de este alza se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados.
Con el dato de marzo, el IPC interanual encadena su decimoquinta tasa positiva consecutiva, según los datos avanzados publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para hacer paliar el impacto de la subida de precios en los ciudadanos y empresas, el Gobierno aprobó el ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye el ‘veto’ a los despidos a las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.
Se prevé la movilización 16.000 millones de euros con este plan, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO. Este despliegue de recursos públicos tendrá un impacto fiscal importante en los presupuestos, aunque el Ejecutivo defiende que hay margen porque el déficit de 2021 ha sido menor del estimado.
NEGOCIAR CON BRUSELAS “EL PRECIO MÁS BAJO POSIBLE” PARA EL GAS
Uno de los ejes más importantes dentro del plan para hacer frente a este alza de precios es la energía. El objetivo del Gobierno es negociar con la Comisión Europea “el precio más bajo posible” para el gas, con el fin de abaratar de forma significativa el precio de la electricidad.
Además de esto, y entre las medidas vinculadas a la energía, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las medidas fiscales aplicadas a la electricidad y ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus ‘beneficios caídos del cielo’. Esta medida se aplicará a las revisiones y renovaciones de contratos, así como para los nuevos, con un tope de entre 67 y 70 euros.
En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo y se aplica una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Respecto a las empresas con un consumo intensivo de energía, se aplicará una rebaja del 80% de los peajes, con un coste de 250 millones de euros, se aumentará la dotación para compensar los impuestos al CO2 y se establecerán ayudas específicas a los sectores más afectados.