MÉRIDA, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha considerado “inasumible” y un “grave error” la propuesta del Gobierno central dentro de la negociación del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público que afecta a la temporalidad, y ha considerado “necesario” establecer unas sanciones civiles, penales y administrativas para las administraciones y/o administradores que abusen de la contratación o que contraten en fraude de ley.
Como propuesta de CSIF para ofrecer una respuesta ante la problemática de la temporalidad en el empleo público, Borra ha defendido que hay que conseguir que esta situación “no se vuelva a repetir”.
“Hemos tenido ya distintos procesos estabilizadores en este país y al final siempre nos vuelve a pasar lo mismo”, ha sentenciado, al tiempo que ha considerado “necesario” establecer unas sanciones civiles, penales y administrativas para las administraciones y/o administradores que abusen de la contratación o que contraten en fraude de ley.
De este modo se ha pronunciado Miguel Borra en declaraciones a los medios tras participar este martes en Mérida en una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, junto al máximo responsable regional del sindicato, Benito Román.
Así, para dar respuesta a las 800.000 profesionales de servicios públicos en situación de temporalidad y que según ha dicho están trabajando en España en una situación “precaria”, el responsable nacional de CSIF ha defendido que hay que pasar a analizar los distintos sectores, en tanto que “no ocurre lo mismo en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario o en el ámbito, por ejemplo, de las comunidades autónomas”.
En este sentido, ha subrayado que hay que avanzar hacia “procesos de estabilización” donde los exámenes sean “adecuados” al puesto para el cual se examine una persona, al tiempo que ha abogado por que la fase de concurso puntúe “lo máximo que permite la ley”, que es un 40 por ciento.
Teniendo en cuenta que la pandemia de la Covid-19 ha dejado “muy a las claras” que “faltan puestos de trabajo en las administraciones públicas”, CSIF ha reivindicado tanto a la anterior ministra de Función Pública, Carolina Darias, como al actual ministro Miquel Iceta que las plazas que salgan en las ofertas públicas de empleo sean de “nueva creación” y que no sean las que están ocupadas por el personal temporal en estos momentos.
Al mismo tiempo, ha defendido que el Gobierno central tiene que poner encima de la mesa las modificaciones legislativas que está dispuesto a realizar, “porque si la única modificación legislativa que está dispuesto a acometer es la modificación del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, los tribunales, tanto el Constitucional como el Supremo, han hablado en distintas sentencias y lo han hecho de manera clara”.
En esta línea, Borra ha incidido en que “este problema no solamente afecta a lo que es administración pública en sentido estricto, sino que también el sector público empresarial, las empresas públicas, arrastran un grave problema de temporalidad que también hay que abordarlo en los foros necesarios”.
NEGOCIACIÓN TEMPORALIDAD
Con ello, sobre la negociación con el Gobierno central del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público que afecta a la temporalidad, ha indicado que se trata de un “problema” en el que están inmersas más de 800.000 personas que están “en precario” y que son médicos, enfermeros, maestros y un “largo etcétera” de profesionales que trabajan en servicios públicos.
Así, en el encuentro de este martes en Mérida, ha trasladado al presidente de la Junta que, a juicio de CSIF, la propuesta que ha realizado el Gobierno central es “total y absolutamente inasumible”, porque “carga las tintas nuevamente contra los trabajadores, amenaza con despedir al interino cuando lleve tres años en su puesto de trabajo y que ese puesto de trabajo no se pueda usar durante un año”.
Además, dicha propuesta “deja sin sanción a las administraciones que abusen de la temporalidad o que contraten en fraude de ley” y también “le niegan al personal temporal derechos y condiciones laborales”, en tanto que “no va a poder tener carrera profesional, no va a tener derecho a determinados permisos, o no va a tener tampoco derecho a una indemnización”.
“Desde luego consideramos un grave error del Gobierno central el texto que nos ha propuesto y desde CSIF abogamos por acabar con el abuso de la temporalidad, que los trabajadores que hayan sufrido perjuicios por ese abuso en la contratación que hacen las administraciones públicas se les compense según la normativa”, ha espetado Borra, quien ha añadido que “desde luego este problema lo han creado las administraciones públicas y es necesario” dar una “respuesta y rápida”.