Se opone a enmiendas presentadas por algunos grupos políticos del Parlamento Europeo que van en contra de los intereses del campo
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha instado a que se mantenga la propuesta de 30 días como plazo máximo de pago en el Reglamento Europeo contra la Morosidad desde la entrega de los productos y ha mostrado su rechazo a que se flexibilice dicha propuesta, ya que iría en contra de los intereses de agricultores y ganaderos y de la rapidez en los pagos a las pequeñas y medianas empresas, según informa en un comunicado.
En concreto, el Parlamento Europeo está debatiendo actualmente el Reglamento Europeo contra la Morosidad y la organización agraria se alinea así a los planteamientos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que solicita que se proteja a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.
COAG ha precisado que los grupos parlamentarios conservadores, Partido Popular Europeo (EPP, en el que se incluye el Partido Popular español) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, en el que se integra VOX en España), han presentado una batería de enmiendas a esta propuesta que implicaría un “paso atrás en la lucha por la disminución de los plazos de pago”.
De esta forma, dichas enmiendas se basan en el argumento de la “libertad del pacto entre las partes” que abre la puerta a, de manera legal, generar plazos mayores a los previstos por el reglamento, dado que “la parte con mayor poder en la negociación, la compradora de producciones, impondrá sus condiciones, ampliando el periodo de pago.
“La industria, la distribución y el resto de compradores no deben financiarse a nuestra costa”, aseguran desde la organización agraria.
La propuesta de la Comisión refleja el resultado de los estudios de impacto que señalan este hecho y que la propia patronal del comercio europeo ha cifrado en 150.000 millones de euros en toda Europa”, ha señalado Jaume Bernis, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.
De esta forma, la propuesta legislativa actual propone sustituir la Directiva actual por un Reglamento. Al contrario que una Directiva, un Reglamento es directamente aplicable y establece las mismas disposiciones en toda la UE. Esta propuesta introduciría un plazo máximo único de pago de 30 días, tanto para productos frescos como para los perecederos.
“Consideramos que esta propuesta beneficia la armonización normativa en el mercado único y debería venir a reforzar la Directiva UE de Prácticas Comerciales Desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario”, ha destacado Bernis.