MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) considera que la nueva Ley Crea y Crece, aprobada ayer en el Congreso, es una “oportunidad perdida” para abordar uno de los principales problemas de la economía española: el reducido tamaño empresarial.
Desde Cepyme, han indicado que aunque es positivo dar más facilidades en la creación de empresas, el problema del tejido empresarial español se halla en tener una mortalidad y una atomización superior a la media europea.
El texto normativo aprobado ayer “obvia”, según Cepyme, la incorporación de medidas eficaces para promover el crecimiento en tamaño, como son la eliminación o simplificación de las cargas regulatorias, incentivos para la unión de pequeñas y medianas empresas o medidas fiscales para la aportación de capital.
Por tanto, Cepyme ha señalado que la necesaria iniciativa encaminada a incrementar la competitividad empresarial se ha traducido en una “enorme decepción” para la confederación de la pyme española.
“La crisis económica ha supuesto importantes pérdidas para las empresas de nuestro país, con el consiguiente deterioro de su posición financiera cuando no de su propia viabilidad. En este contexto, al que se suma la crisis inflacionaria, las empresas registran una pérdida de rentabilidad que puede comprometer su viabilidad y su crecimiento”, ha destacado.
En relación con la morosidad, durante los últimos meses, y fruto de la situación actual, Cepyme considera que la morosidad ha aumentado principalmente entre las pymes, “que son las que más han sufrido los efectos de la pandemia y las que más están sufriendo los efectos de la inflación”.
En esta situación y ante un escenario económico “sombrío” para los próximos años, Cepyme ha afirmado que si bien la norma incluye algunos aspectos positivos, incorpora medidas de “dudosa eficacia” que suponen nuevas cargas para las pymes, dificultando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un momento delicado para muchas empresas.
Cepyme ha criticado también que la norma incluya “nueva burocracia” en la solicitud de subvenciones para todas las empresas, ya que perjudica directamente a las de menor tamaño y menos recursos, ralentizando de este modo la ejecución de los fondos europeos y, sobre todo, su llegada a las pymes.
Por otra parte, asegura que la generalización de la factura electrónica y el establecimiento de importantes sanciones no se corresponde con la realidad de las limitaciones digitales de las empresas de reducido tamaño en nuestro país.
Por este motivo, ha pedido la inclusión de un plazo de tiempo mayor para que las pymes puedan implantar la factura electrónica obligatoria.