Dice que es el “último esfuerzo para salvar el boicot” a la ayuda por parte de los fondos
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
Celsa ha ofrecido a los fondos 400 millones de euros suplementarios al plan de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ligados al desarrollo del plan estratégico ante “la inmovilidad de los fondos buitre en su posición negociadora”.
En un comunicado este jueves, la compañía ha explicado que hace esta oferta para impedir la “obstrucción” que considera que los fondos hacen a la llegada de financiación pública.
Estos 400 millones adicionales, aportados por Celsa, están divididos en una cantidad fija y una variable determinada en función del Ebitda que se alcance entre los años 2023 y 2030.
La ayuda pública de la SEPI incluye una partida de 450 millones de euros de repago inmediato y 662 millones de euros en siete años.
SIN IMPACTO EN LA RECUPERABILIDAD
Las nuevas cantidades se satisfarían tras el repago íntegro de la ayuda SEPI, por lo que “no supondrían un detrimento de la recuperabilidad de la ayuda pública”.
Asimismo, la compañía ha dicho que sí implican un esfuerzo y sacrificio adicionales de todos los demás grupos de interés del Grupo Celsa dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad.
Con la oferta, la concesión de la ayuda pública y el futuro de 30.000 puestos de trabajo quedan a expensas de la decisión de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean.
Celsa ha afirmado que estos fondos no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con enormes descuentos de hasta el 90% y “pretendían con la oferta planteada obtener rentabilidades medias anuales usurarias, próximas al 80%”.
“ÚLTIMO ESFUERZO”
La propuesta cuenta con el apoyo unánime del comité ejecutivo y el consejo de administración de la compañía, y que lo sitúa como “último esfuerzo para salvar el boicot a la ayuda pública” por parte de los fondos.
Ambos órganos consideran que las pretensiones de los fondos “rompen los límites” del correcto uso de la financiación pública porque creen que no puede utilizarse como base de una estrategia especulativa.
De hecho, la compañía ya denunció en una demanda interpuesta en 2020 ante los Tribunales de Justicia de España, actualmente en curso de tramitación, que las pretensiones de sus fondos acreedores “eran contrarias al orden público económico y a la Ley de represión de la usura”.
La oferta llega tres días después de que la compañía rechazara también de forma unánime la propuesta de los fondos –que según Celsa exige la creación de un nuevo instrumento convertible por importe de 900 millones de euros con un tipo de interés anual del 10% y emitido fuera de España– por ser incompatible con la ayuda pública de la SEPI.