Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por alcanzado el acuerdo
El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en materia de pensiones y asegura que aún existen “escollos relevantes” que deben negociarse antes de anunciar ningún acuerdo.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, anunció este miércoles, en el 43 Congreso Confederal del sindicato, el preacuerdo alcanzado en materia de pensiones entre el Gobierno y los agentes sociales, y añadió que UGT se había “cargado la reforma de pensiones del PP contra viento y marea”.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también destacó durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de UGT el “gran acuerdo” alcanzado en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de las pensiones de 2013, algo que ha confiado en cerrar en los próximos días “trabajando intensamente”.
No obstante, CCOO ha señalado que las organizaciones sindicales y empresariales continúan intercambiando con el Ministerio de Seguridad Social propuestas orientadas a resolver los “últimos, pero todavía relevantes, escollos” que han de resolverse para poder considerar cerrado el acuerdo en materia de reforma del sistema de Seguridad Social y pensiones.
CCOO valora que se hayan intensificado los trabajos de la mesa de diálogo social en las últimas semanas, posibilitando así avances en la negociación, pero ha advertido de que, no obstante, “aún son varias las cuestiones de relevancia que es necesario resolver hasta poder considerar que se ha alcanzado un acuerdo”.
El sindicato ha recordado, asimismo, que la trascendencia de la reforma que requiere el sistema de pensiones obligó a un debate parlamentario singularmente largo. Y, en la misma medida, ha reclamado a todos los actores implicados el “sosiego necesario” para poder concretar la totalidad de medidas que hagan posible un acuerdo de diálogo social que contenga los elementos de equilibrio necesarios para garantizar el consenso político y social que precisa el futuro del sistema público de pensiones.