CC.OO. ha valorado positivamente que el Gobierno se haya implicado en los despidos colectivos de CaixaBank y de BBVA mediante dos escritos de advertencia enviados por la Dirección General de Trabajo a las entidades y ha reiterado la necesidad de “un gran pacto de Estado” sobre el sector financiero.
La Dirección General de Trabajo ha requerido formalmente a BBVA y a CaixaBank que sean “estrictamente rigurosos” con las formalidades del periodo de consultas de sus Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), cuyas primeras medidas a debatir deben estar destinadas a evitar o reducir los despidos planteados por el banco.
CC.OO. considera que estos escritos responden a la presión social y a las movilizaciones convocadas desde las organizaciones sindicales ante la oleada de procesos de reestructuración en el sector financiero, que considera que “no se sustenta en razones objetivas” y que “maltrata injustamente a los y las profesionales que han vuelto a sostener a las entidades financieras en una coyuntura sin precedentes”.
El sindicato valora positivamente esta acción del Ministerio de Trabajo y ha pedido al Ejecutivo que vaya “un paso más allá” y requiera a BBVA y CaixaBank “que rectifiquen sus planteamientos de partida en los EREs, a fin de evitar una escalada de conflictividad, reorientando los mismos hacia mecanismos que eviten un impacto traumático sobre el empleo y el recorte de las condiciones laborales de las plantillas, que garanticen la voluntariedad y que cuiden del principal activo de ambas entidades, sus profesionales”.
CC.OO. asegura que tanto el Gobierno como los supervisores “tienen responsabilidad y competencias para ello”, especialmente en el caso de CaixaBank, donde el Ejecutivo cuenta con una participación del 16,11% a través del FROB.
Además, el sindicato ha emplazado al Gobierno a que impulse “un gran pacto de Estado” sobre el sistema financiero español junto con Gobiernos autonómicos, partidos políticos, supervisores y entidades del sector.
Según ha indicado, este pacto debería incidir en el cumplimiento de su fin social (dotar de crédito a la economía real), criterios de reversión social y sostenibilidad, mecanismos que garanticen la inclusión financiera, instrumentos financieros públicos con capacidad de intermediación real y directa, protocolos para una transición digital justa, contrato social para la reposición del empleo del sector, código deontológico y apuesta por la igualdad, la formación y la empleabilidad.