MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Un 56% de las compañías españolas, o lo que es lo mismo, casi seis de cada diez, reconoce aceptar plazos de pago más largos, a cambio de aplicar un recargo a la factura en forma de intereses, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum.
El estudio explica que uno de los principales objetivos de las empresas españolas es evitar problemas inmediatos de liquidez, así como salvaguardar la supervivencia del negocio en los casos más extremos.
“Diez años después de que se aprobase la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad, cada vez son más las empresas que ejercen sus derechos en cuanto al cobro o reclamación de facturas impagadas a clientes, mientras que antes de la pandemia las compañías eran más laxas cuando se les pedía plazos de pago más largos, optando por ofrecer planes especiales para hacer frente a la deuda de manera desahogada”, asegura el informe.
Intrum recuerda que esta directiva europea establece, entre otras cosas, que todo retraso en el pago de las facturas una vez vencido el plazo contractual dará derecho a los acreedores a reclamar y percibir intereses de demora como compensación. Aunque esta disposición se aplica a todos los países europeos, según el estudio, realizado a 10.000 empresas, tan solo el 42% de las entidades comunitarias analizadas utiliza este recurso en alguna ocasión.
De los 29 países analizados, España es el segundo que más aplica el derecho a pedir intereses a la hora de aceptar plazos de pago más largos, por encima de grandes economías como Alemania (55%) o Francia (42%). Por delante solo se sitúa Irlanda, con un 57% de las empresas.
Junto a esta medida, el 49% de las compañías españolas reconoce haber optado por un descuento cuando sus clientes le han comunicado que no iban a poder pagar en la fecha prevista, mientras que la tercera opción más elegida es revisar las condiciones de pago, ya sea pagando una parte a tiempo y el resto más tarde, dando la oportunidad de acceder a unos plazos de pago flexibles o a pagar en pequeñas cuotas.
Sin embargo, el estudio también muestra que el sector empresarial en España acepta plazos más largos, pero siembre bajo la imposición de algunas condiciones, ya que solo el 4% cede alguna vez a esta petición sin imponer condición alguna.