La Comisión Europea prevé permitir a los gobiernos conceder ayudas públicas a las empresas más afectadas en sus finanzas por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, incluidos apoyos para sufragar los costes adicionales generados por los precios “excepcionalmente altos” del gas y la electricidad a raíz del conflicto.
“Estamos preparados para utilizar toda la flexibilidad de nuestros instrumentos de ayuda estatal para permitir que los Estados miembro apoyen a las empresas y sectores gravemente afectados”, ha indicado la vicepresidenta responsable de Competencia, Magrethe Vestager, tras expresar en un comunicado el apoyo a los ucranianos frente a la invasión rusa y avisar del impacto que tendrá en la economía de la UE.
La liberal danesa ha enmarcado esta propuesta, que ha comunicado a los Veintisiete para su consulta antes de que sea aplicable, dentro de los esfuerzos con los Estados miembro para explorar todas las opciones que permitan dar el apoyo “necesario y proporcionado” en estas circunstancias.
En concreto, el marco específico para las ayudas públicas en el marco de la guerra en Ucrania prevé dos tipos de actuaciones, siendo la primera un apoyo temporal en forma de garantías y préstamos para garantizar liquidez a las empresas en crisis y la segunda, apoyos frente a los costes adicionales causados por los “precios excepcionalmente altos del gas y la electricidad”.
Esta segunda forma de apoyo, ha precisado la Comisión, podrá tener distintas formas, incluidas subvenciones, para asegurar una compensación parcial del coste energético a las empresas más expuestas.
En ambos casos, las medidas estarán disponibles también para empresas consideradas en crisis porque en las circunstancias actuales se enfrenten a necesidades graves de liquidez. Las entidades sancionadas y controladas por Rusia quedarán excluidas del alcance de estas medidas.
Antes de adoptar definitivamente este marco, Bruselas va a consultar con los Estados miembro su opinión, que tendrá en cuenta antes de presentar la versión definitiva de la medida. En concreto, los gobiernos podrán responder a cuestiones como los límites máximos y alcance de las ayudas, la definición de “consumidor intensivo” de energía o si deben imponerse criterios ecológicos o tener en cuenta otros costes que puedan aumentar también drásticamente.