BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea abrirá un expediente contra Alemania por la sentencia de su Tribunal Constitucional que cuestionó por desproporcionado el programa de compra de deuda pública lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015 a pesar de que había sido respaldado previamente por la Justicia europea.
La apertura de un procedimiento de infracción, adelantada por la agencia de noticias alemana ‘DPA’, ha sido confirmada a Europa Press por fuentes comunitarias, que precisan que el Ejecutivo comunitario adoptará formalmente el expediente este miércoles.
El procedimiento de infracción es la baza que tiene Bruselas para poder tomar acciones legales contra un Estado miembro que considera que no está cumpliendo con las normas de la UE, si en las primeras fases de contacto no llegan a un acuerdo, el Ejecutivo comunitario podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
El caso se remonta a mayo del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que el BCE entonces presidido por Mario Draghi había excedido sus atribuciones con la puesta en marcha el programa de compras de deuda pública lanzado en 2015. Los jueces del tribunal alemán consideraron también que el programa tiene un alcance desproporcionado.
El Constitucional alemán resolvió así el recurso que habían planteado años antes un grupo de académicos y empresarios del país, que cuestionaban la legalidad del programa de compra de deuda pública.
Así, los jueces alemanes señalaron que las decisiones con respecto al programa PSPP del Consejo de Gobierno del BCE deben ser calificadas como “ultra vires”, es decir, que sobrepasan las competencias de la institución “a pesar de que el TUE opinara lo contrario”.
Y esto último es precisamente la razón que motiva el expediente de Bruselas a Alemania: el fallo del Constitucional alemán ignoró una sentencia anterior del TUE que había avalado el programa de compra de deuda pública del BCE, rompiendo así el principio de prevalencia del tribunal de Luxemburgo.
En particular, la Justicia europea había dictaminado en diciembre de 2018, a preguntas del mismo Constitucional alemán, que el programa no excede el mandato del BCE y no incumple la prohibición de financiación monetaria recogida en la legislación comunitaria.
Con la apertura del expediente se abrirá un proceso de contactos entre las autoridades comunitarias y alemanas para resolver el conflicto y que podría terminar de nuevo ante la Justicia europea si ambas partes no encuentran una solución.