BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea espera que España formalice a lo largo de este mes su petición para recibir un nuevo tramo del plan de recuperación, que una vez aprobado ascendería a 10.000 millones de euros siempre que el Gobierno haya cumplido con los hitos y objetivos pactados con las autoridades comunitarias.
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, ha detallado ante las comisiones de Asuntos Económicos y de Desarrollo del Parlamento Europeo que Bruselas espera que las primeras solicitudes lleguen a la capital europea “a lo largo de este mes” y que “al menos” otro cinco Estados miembros hagan sus peticiones antes de que acabe el año.
“En concreto, esperamos peticiones en septiembre de España, en octubre de Grecia, en noviembre de Francia y en diciembre de Dinamarca, Italia y Eslovaquia, de acuerdo con el calendario actual”, ha indicado el letón.
España ya recibió en agosto un anticipo de 9.000 millones de euros, pero este era el único pago que no está condicionado al cumplimiento de las metas pactadas entre el Gobierno y la Comisión Europea. A partir de ahora, los países tendrán que cumplir con todo lo acordado para poder desbloquear cada tramo.
Así lo ha destacado el máximo responsable económico del Ejecutivo europeo en su comparecencia ante los eurodiputados: “Cada petición de pago requiere verificar que los hitos y objetivos relevantes han sido cumplidos adecuadamente”, ha dicho.
En concreto, el que será formalmente el primer tramo para España (descontando el anticipo) asciende a 10.000 millones de euros y su desembolso depende de la adopción de un total de 52 reformas acordadas con las autoridades europeas.
Ya en julio, cuando Bruselas aprobó el plan de recuperación español, fuentes europeas descartaban que este primer tramo pudiera ser problemático porque engloba reformas previstas para ser adoptadas desde mediados de 2020 hasta el verano de este año.
El gran examen de España llegará a la hora de solicitar el segundo tramo de transferencias directas, que asciende a 12.000 millones de euros y está previsto para la primavera de 2022, pero depende en gran medida de las reformas más importantes del mercado laboral, como la reducción del número de contratos o la modernización de la negociación colectiva.