MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La petrolera británica BP ha reconocido que el anuncio del Gobierno de un impuesto especial sobre los beneficios de las empresas de petróleo y gas, acompañado de incentivos fiscales para acometer inversiones, llevará a la compañía a examinar el impacto de estas medidas en sus planes de inversión en el Mar del Norte.
“Naturalmente, ahora tendremos que analizar el impacto tanto del nuevo impuesto como de la desgravación fiscal en nuestros planes de inversión en el Mar del Norte”, ha señalado la petrolera, añadiendo que el anuncio del Gobierno británico “no es para un impuesto único, es una propuesta de varios años”.
El Gobierno del Reino Unido anunció este jueves un paquete de medidas de 15.000 millones de libras (17.600 millones de euros) para ayudar a las familias británicas a hacer frente al incremento del coste de la vida y que se financiará parcialmente con la introducción de un impuesto temporal del 25% a los beneficios de las empresas de petróleo y gas.
De este modo, se introducirá un nuevo impuesto temporal sobre ganancias energéticas del 25% para las compañías de petróleo y gas que refleja los beneficios extraordinarios del sector, impulsados en parte por la guerra de Rusia contra Ucrania.
Según los cálculos del Gobierno, el nuevo impuesto permitirá recaudar alrededor de 5.000 millones de libras (5.867 millones de euros) en sus primeros 12 meses, lo que se destinará a aliviar la carga de las familias.
“Será temporal y, si los precios del petróleo y el gas vuelven a niveles históricamente más normales, se eliminará gradualmente”, subrayó el Ministerio de Finanzas.
Al mismo tiempo, con el fin de aumentar los incentivos para invertir, el nuevo impuesto incluirá una nueva y generosa desgravación del 80% por inversiones.
Este nuevo gravamen no se aplicará al sector de generación de electricidad, donde también se obtienen beneficios extraordinarios debido al impacto que tiene el aumento de los precios del gas en el precio que se paga por la electricidad en el mercado del Reino Unido.
En este sentido, el Gobierno mantiene consultas con el sector de generación de energía y los inversores para impulsar las reformas del mercado energético y garantizar que el precio pagado por la electricidad refleje mejor los costes de producción.