MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (Asval) ha afirmado este viernes que “la ocupación ilegal sí es un problema en España” y, además, “en auge”, en respuesta a unas declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que esta semana aseguró en una entrevista que la “‘okupación’ no es un problema” del país.
El presidente de Asval, Joan Clos, ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, “la tolerancia ante la ocupación ilegal”, en particular en Cataluña, donde “se concentran la mitad de los casos que se registran en todo el territorio nacional”.
“Si queremos aliviar la situación de las familias vulnerables, proteger la ocupación ilegal va en contra de este objetivo. Debemos actuar de manera contundente frente a esta actividad delictiva y generar confianza y seguridad en el mercado”, apunta Clos.
El presidente de Asval también ha aludido a los reales decretos de paralización de desahucios, que convierten a España en “una anomalía okupa dentro del marco de derecho de la Unión Europea” y provoca “una enorme inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario español”. En opinión de Clos, estas medidas generan “desconfianza por parte de propietarios e inversores” y reducen la oferta en alquiler disponible.
También ha manifestado su preocupación por el caso de Cataluña, donde se han aprobado “diversas normativas que amparan la ocupación ilegal”, a pesar de que el Tribunal Constitucional anuló parte de la normativa antidesahucios.
“Discrimina positivamente a los ocupas más agresivos que se lanzan a ocupar con violencia contra aquellos ciudadanos que, necesitados de una vivienda, no quieren ocuparla violentamente”, añade el presidente de Asval.
Asval defiende que la solución para dar una vivienda asequible a las personas más vulnerables pasa por apostar por fórmulas de colaboración público-privada que desarrollen “un verdadero parque de vivienda en alquiler social”, ya que el actual apenas supone un 2,5% de las viviendas existentes en España.
Asval propone la cesión de 30.000 viviendas de grandes propietarios al estado durante 25 años para alquiler social a familias vulnerables, unido a la concesión de ayudas para que el pago del alquiler no supere la tasa del 30% de sus ingresos familiares.