MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aboga por limitar la capacidad normativa de las comunidades autónomas en materia de tributos medioambientales, lo que exigiría una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En su opinión, se deben desarrollar medidas con objeto de “corregir y homogeneizar” la fiscalidad energética y medioambiental que hoy en día es “tan heterogénea”, debido a la intensa actividad normativa de las comunidades autónomas en esta materia. “De hecho, numerosos tributos son difícilmente conciliables con principios constitucionales y de Derecho comunitario”, advierte la Asociación en su informe ‘Propuestas para un replanteamiento urgente de la fiscalidad medioambiental en España’.
Por ello, también han planteado la creación de un Comité de Expertos permanente que analice la legalidad, constitucionalidad y compatibilidad con el Derecho Comunitario de los diversos tributos aprobados por las comunidades autónomas antes de su aprobación.
Además, ha propuesto el desarrollo de nuevos impuestos estatales que “expulsen” a los actualmente existentes en las comunidades autónomas sobre los mismos hechos imponibles, compensando eso sí a los territorios por la pérdida de recaudación.
IMPULSAR INCENTIVOS FISCALES
Adicionalmente, se propone la introducción de incentivos fiscales al uso del vehículo eléctrico, a la eficiencia energética y, en general, a cualquier actividad encaminada a mejorar el nivel de emisiones vía bonificaciones o deducciones en impuestos estatales o locales.
Además, plantean la actualización a la baja del valor catastral de inmuebles relacionados con la generación y transformación de energía renovable (BICES), para ajustarlo al valor real de dichos activos. En general, se propone la introducción de bonificaciones obligatorias en el IBI, IAE e ICIO para instalaciones de energía renovables, estableciendo un porcentaje mínimo y máximo de bonificación.
En el ámbito del Impuesto de Sociedades, se plantea la introducción de deducciones para inversiones en proyectos de eficiencia energética, cambios de vector y adquisiciones de vehículos eléctricos, entre otras medidas.