El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha reclamado este martes en el Congreso priorizar la vacunación de los trabajadores de la cadena alimentaria, especialmente a los dedicados a la distribución.
Y es que, tal y como ha defendido ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja, estos trabajadores “han sido, son y serán esenciales en la lucha contra la pandemia” y, además, no cuentan con capacidad para teletrabajar. Además, ha defendido esta medida como reconocimiento al papel jugado durante la pandemia, garantizando la provisión de alimentos, y su exposición al coronavirus.
García Magarzo, que ha acudido a esta Comisión dentro de la ronda de comparecencias para explicar el estado de su sector un año después de iniciarse esta emergencia sanitaria, trasladar propuestas y plantear cómo aprovechar mejor la llegada de fondos europeos, ha asegurado que la distribución cuenta con casi de un millón de empleados. “Estamos dispuestos a poner todos los medios para facilitar y agilizar la vacunación y existen posibilidades reales de hacerlo muy rápidamente”, ha aseverado.
NI SUBIDA DE IMPUESTOS NI CONTRARREFORMA LABORAL
Por otro lado, el representante de esta organización, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otros, ha reclamado no aumentar impuestos ni a consumidores ni a empresas, ni tampoco una reforma laboral “que no sea pactada” con sindicatos y patronales. “Tampoco creemos que sea el momento”, ha dicho.
En todo caso, ha incidido en la necesidad de no alterar el régimen de negociación colectiva –ha pedido preservar el actual modelo adaptado al lugar donde se opera ante la gran diversidad de empresas y “formatos” de negociación– ni las facilidades al empresario para realizar ajustes en materia de empleo o condiciones de trabajo.
En materia fiscal ha asegurado que en el sector están “totalmente alineados” con los objetivos medioambientales y de salud en los que se amparan los nuevos impuestos, pero cree que los tributos en este sentido “no son eficaces”, sino que “parecen tener un fin meramente recaudatorio”.
También ha defendido la imposición de “objetivos muy exigentes” en materia medioambiental y la mejora de la eficiencia, pero ha pedido al mismo tiempo “no imponer la forma de cumplirlo”, ante el posible “error de imponer algún sistema que sea incompatible con la estructura de la distribución”.
ENDURECER PENAS CONTRA EL HURTO Y CONTENER LA REGULACIÓN
Por otro lado, el representante de Asedas ha lamentado que, tras descentralizar el Gobierno central la adopción de restricciones a las comunidades autónomas, “se han tomado decisiones menos claras” en esta materia, con mayores dificultades para las empresas respecto a aforos o movilidad, con “importantes costes”. Por ello, ha pedido “confiar en las empresas y los trabajadores”, ya que considera que no se ha tomado “suficientemente en cuenta” su opinión para adoptar estas medidas.
Asimismo, ha apostado por generalizar la declaración responsable y el silencio positivo “donde sea posible” en materia de normativa, asegurando que, si el pequeño comercio está sometido a unas 3.000 normas de las diferentes instancias administrativas, ha dicho, 3.200 se modificaron o aprobaron durante la pandemia y en lo que va de año se han aprobado o modificado otras 800.
Finalmente, García Magarzo ha instado a aprovechar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adoptar cambios en el Código Penal contra el “hurto multirreincidente”, pues el endurecimiento de las penas recogido en la reforma de 2015 no ha sido aplicada tras dos sentencias del Tribunal Supremo.
En su opinión, esta regulación de hace seis años “estaba bien hecha” y por ello ha pedido a los legisladores cambios para facilitar “medidas correctoras superiores” como las propuestas entonces en casos de que el acusado arrastrara condenas previas.