Ocho países acusan a Israel de dinamitar el plan para Gaza
Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto exigen al Consejo de Seguridad medidas efectivas ante los ataques contra civiles, hospitales e infraestructuras.
Ocho gobiernos han elevado la presión diplomática sobre Israel en uno de los momentos más delicados para el futuro de Gaza. Los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto denunciaron este jueves las «violaciones continuadas» cometidas en la Franja y advirtieron de que pueden hacer descarrilar la siguiente fase de la hoja de ruta impulsada para detener la guerra.
El pronunciamiento llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que las facciones palestinas habían aceptado avanzar hacia una segunda fase del plan de paz. Sin embargo, el bloque sostiene que los ataques contra instalaciones sanitarias, infraestructuras civiles y población no combatiente amenazan cualquier posibilidad de estabilización.
Una condena coordinada
La declaración conjunta reúne a ocho países con intereses políticos, estratégicos y diplomáticos diferentes, pero unidos en un diagnóstico: la continuidad de las operaciones israelíes reduce el margen para consolidar un alto el fuego permanente.
Los ministros califican los ataques como una «clara vulneración» de las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional. No se trata únicamente de una censura retórica. La coordinación entre monarquías del Golfo, países árabes fronterizos con el conflicto y potencias musulmanas como Turquía, Pakistán e Indonesia refleja una presión regional creciente.
El mensaje resulta inequívoco: no puede negociarse una paz sostenible mientras continúa aumentando el coste humano sobre el terreno.
Hospitales bajo presión
El comunicado pone especial énfasis en las ofensivas contra centros sanitarios y otras infraestructuras civiles. Gaza afronta una situación crítica después de meses de destrucción, desplazamientos y deterioro de los servicios básicos.
Los hospitales se han convertido en uno de los principales símbolos del conflicto. Su pérdida de operatividad multiplica las consecuencias de cada ataque, porque limita simultáneamente la atención a heridos, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y menores.
Los ministros advierten de que la destrucción de instalaciones esenciales no sólo agrava la emergencia humanitaria, sino que debilita cualquier estructura institucional necesaria para gobernar y reconstruir Gaza.
El plan entra en riesgo
La principal advertencia política del documento afecta a la segunda fase de la hoja de ruta para Gaza. Según Trump, las facciones palestinas habrían aceptado avanzar en ese proceso. La declaración de los ocho países sugiere, sin embargo, que el contexto militar puede volver inviable ese progreso.
La diplomacia necesita condiciones mínimas de confianza. Cada nueva operación, cada víctima civil y cada infraestructura destruida incrementan la presión sobre los negociadores y alimentan a quienes consideran imposible alcanzar un acuerdo.
Lo más grave es que el fracaso de esta fase no supondría únicamente un retraso técnico. Podría cerrar durante meses una ventana diplomática difícil de reconstruir y devolver el conflicto a una dinámica de escalada sin horizonte definido.
Cisjordania agrava el diagnóstico
El comunicado no limita sus críticas a la Franja de Gaza. También denuncia la expansión de los asentamientos y la violencia en la Cisjordania ocupada, dos factores que los firmantes consideran parte de una política destinada a imponer hechos consumados por la fuerza.
Esta conexión resulta decisiva. Gaza y Cisjordania suelen analizarse como escenarios separados, pero ambos forman parte de la misma ecuación territorial y política. El avance de los asentamientos reduce la continuidad geográfica de un eventual Estado palestino y complica la aplicación real de la solución de los dos Estados.
El contraste entre los mensajes diplomáticos y la evolución sobre el terreno revela una brecha cada vez más difícil de salvar.
Una solución cada vez más lejana
Los ocho ministros sostienen que las actuaciones israelíes erosionan los fundamentos de la solución de los dos Estados y marginan los derechos legítimos del pueblo palestino.
Durante décadas, este modelo ha sido presentado como el marco central de la comunidad internacional. Sin embargo, su viabilidad depende de condiciones territoriales, institucionales y de seguridad que se deterioran con cada nueva fase de violencia.
Sin un alto el fuego permanente, garantías internacionales y una administración capaz de operar, cualquier arquitectura de paz corre el riesgo de quedarse en una declaración política sin aplicación práctica.
Presión sobre Naciones Unidas
El bloque reclama al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas «medidas prácticas y efectivas» para exigir responsabilidades por las violaciones graves y garantizar un cese permanente de las hostilidades.
La petición desplaza ahora la presión hacia las grandes potencias con derecho de veto. El Consejo ha quedado condicionado repetidamente por las diferencias entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, lo que ha limitado su capacidad de imponer decisiones vinculantes.
El desafío no reside sólo en aprobar una resolución, sino en asegurar su cumplimiento. Sin mecanismos de supervisión, incentivos diplomáticos y consecuencias concretas, el riesgo es que la nueva declaración termine engrosando una larga lista de llamamientos internacionales sin efecto sobre el terreno.
