Ha habilitado más de 30 millones para ayudar a los agricultores, ganaderos y pescadores de La Palma afectados por el volcán
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La aprobación de la nueva Ley de la cadena alimentaria y la culminación del proceso de elaboración del plan estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España, con su envío esta semana a la Comisión Europea destacan entre los compromisos cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2021.
Junto a ellos también figuran la puesta en marcha del Componente 3 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) con la movilización de más de 400 millones de euros, la negociación del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola (Fempa) y las iniciativas legislativas para una pesca sostenible y para combatir el desperdicio de alimentos.
Respecto a la nueva Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre, Agricultura ha señalado que es un “claro ejemplo del impulso modernizador” del Gobierno, con la que se da respuesta además a una reivindicación de las organizaciones profesionales agrarias del sector.
Una norma que, según el Ministerio, beneficia a los productores primarios, agricultores y ganaderos, que son “el eslabón más débil” de la cadena al introducir el coste efectivo de producción como factor obligatorio en la fijación de los precios en los contratos.
De esta forma, la norma supone un “importante” avance en la transparencia de las relaciones comerciales, al establecer la obligatoriedad de que se realicen por escrito todos aquellos contratos de compra y venta por un precio superior a 1.000 euros y que no se paguen al contado. Además, deberán inscribirse en un Registro Oficial de Contratos.
PAC
Otro de los compromisos cumplidos por el departamento ha sido la presentación formal en el día de ayer a la Comisión Europea del plan estratégico para la aplicación de la PAC en España, que recoge la gran variedad de la realidad agronómica de España.
Agricultura ha recordado que la PAC, que cuenta con un presupuesto de 47.724 millones de euros, constituye un “instrumento muy potente” para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales que deben afrontar en los próximos años.
El plan estratégico español tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer, procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.
MÁS DE 400 MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN
Por otro lado, el Departamento que lidera Luis Planas ha movilizado 406,5 millones de euros del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que le corresponde gestionar y que tiene un presupuesto global de 1.051 millones de euros a lo largo de 2021.
Así, más de la mitad del dinero movilizado en este año, 260 millones de euros, corresponde a la primera fase del programa de modernización de regadíos.
El Ministerio ha distribuido entre las comunidades autónomas más de 115 millones de euros para inversiones en distintas líneas de ayudas contempladas en el PRTR. De ellos, 102 millones están vinculados con agricultura de precisión, eficiencia energética, fomento de economía circular y energías y gases renovables.
Además se ha puesto en marcha la línea de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario, para lo que han transferido 10 millones de euros a la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), destinados a la concesión de créditos a pymes agroalimentarias para financiar proyectos innovadores.
En materia de pesca se ha desarrollado el plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector, que cuenta con una dotación total de 94 millones de euros en el marco del PRTR.
Asimismo, el nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, que la Unión Europea publicó en julio, permitirá que este siga siendo el principal instrumento de apoyo para afrontar los retos futuros del sector, como el relevo generacional y la mejora de las condiciones y seguridad de los barcos.
España es el principal perceptor de estos fondos, con una asignación de 1.120 millones de euros para el período 2021-27, el 21% del total de la Unión Europea.
LA LEY DE PESCA SOSTENIBLE Y DESPERDICIO ALIMENTARIO PARA 2022
A nivel legislativo, en 2021 y a propuesta del Ministerio, el Consejo de Ministros dio el visto bueno en primera lectura a las futuras leyes de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario para que puedan ser aprobadas definitivamente a lo largo de 2022.
La próxima Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera actualizará a legislación vigente, de hace más de 20 años, para dar respuesta a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos, así como apostar por la modernización, transparencia y seguridad jurídica del sector pesquero.
Mientras que la Ley contra el desperdicio alimentario es una normativa pionera en la materia en España, concebida para producir una reducción significativa del desecho de alimentos y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.
En materia legislativa, destaca también la aprobación del decreto de la nueva norma de calidad del aceite de oliva y el de las nuevas normas de comercialización del aceite de oliva que permitirá la retirada de producto en aquellas campañas en las que se produzca un exceso de producción que pueda causar perturbaciones.
Una de las líneas estratégicas de la política de Agricultura es el apoyo a la contratación de seguros agrarios, para lo que el Gobierno ha aprobado un nuevo plan para 2022 dotado con 256,7 millones de euros, 3 millones más que en el año 2021, con lo que se mantiene el esfuerzo presupuestario, después de que en el año anterior se aplicara un incremento del 20%.
Por último, Agricultura ha recordado que en línea con el compromiso adquirido por el Gobierno para apoyar a los afectados por la erupción del volcán en La Palma, se ha habilitado más de 30 millones de euros para ayudar a los agricultores, ganaderos y pescadores cuya actividad se ha visto afectada.