MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado este martes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que plantea el Gobierno para 2022 es “un planteamiento que daña aún más la situación” económica, en un contexto en el que siguen los contagios por la pandemia y se mantiene el encarecimiento del precio de la energía, como ha apuntado durante un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas (CGE).
Amor ha insistido en que esa es su opinión particular y ha evitado pronunciarse sobre la decisión final de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la que es vicepresidente, acerca de la propuesta realizada el lunes por el Gobierno de elevar el SMI a 1.000 euros en 14 pagas. La CEOE ha convocado este martes un comité ejecutivo extraordinario para pronunciarse al respecto.
Para Amor, esa subida supondría “más de 600 euros al año”, una cifra resultante de sumar el alza más las cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador y año, según sus cálculos.
“El SMI no está en las grandes empresas ni en las medianas. Está en los que no se han recuperado”, ha dicho el presidente de ATA. También se ha referido a las pymes y a los pensionistas o familias que cuentan con servicio doméstico en su casa y que con esta subida “no pueden permitirse” pagar a esas personas.
“PROYECTOS PERSONALES” UTILIZANDO EL BOE
Amor ha invitado a plantearse si es el momento de “dar esa vuelta de tuerca” que puede “poner la zancadilla” a determinados colectivos, por querer “impulsar proyectos personales utilizando el Boletín Oficial del Estado (BOE)”.
Mañana miércoles se celebrará una nueva reunión con los agentes sociales, a mediodía, para dar carpetazo a la subida del SMI para 2022. De momento, el acuerdo ‘pinta’ a que será bipartito, del Gobierno con los sindicatos, pero la CEOE aún tiene que pronunciarse.
El Gobierno no está obligado a negociar la subida del SMI con los agentes sociales, sólo a consultarles, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz siempre ha tratado de que esta medida vaya respaldada por un acuerdo.
A mediados de septiembre del año pasado, el Ejecutivo acordó con los sindicatos elevar el SMI hasta los 965 euros con efectos desde el 1 de septiembre de 2021, estableciendo también en dicho acuerdo el compromiso de que, mediante su “progresiva revisión” en 2022 y 2023, alcanzara el 60% del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.
De dicho acuerdo quedaron descolgadas las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entendían que no era el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española estaba en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.
Un argumento similar es el que está esgrimiendo actualmente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para rechazar una subida del SMI hasta los 1.000 euros mensuales. El dirigente empresarial advirtió la semana pasada de que subirlo hasta esta cantidad podría provocar una “contracción importante del empleo”, pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis, sobre todo las más pequeñas.
De aprobarse la subida del SMI a 1.000 euros como pretende hacer el Gobierno a la mayor rapidez posible, esta renta mínima habrá experimentado desde 2018 un incremento del 35,9%, el equivalente a 264 euros más.