MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha urgido a la Agencia Tributaria a “tomar medidas desde hoy” contra el posible fraude que se puede estar produciendo en el carburante de automoción, ya que puede costar al erario público una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros, “perjudicando a todos los contribuyentes y al sector”.
La patronal de las gasolineras automáticas -de la que forman parte empresas como Ballenoil, Petroprix, Gasexpress y Näfte- se reunió el pasado 16 de febrero con los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales y del IVA de la Agencia Tributaria, ante los indicios de una eclosión del fraude de impuestos en el gasóleo de automoción y pidió no esperar al 28 de marzo para actuar.
Así, la principal medida que trasladó la Junta de Gobierno de la asociación fue la de ampliar la investigación a las gasolineras que se beneficien de este fraude promovido por los comercializadores, y que “se traducen en una competencia desleal en el sector”, subrayó.
Además, Aesae, que se ofreció a colaborar con la Agencia Tributaria “en todo lo que esté en su mano”, advirtió que si no se actúa ya contra este posible fraude, “se extenderá más allá del 28 de marzo, puesto que las empresas que defraudan cambiarán su modus operandi para continuar defraudando los impuestos después de esa fecha, con los perjuicios ya apuntados”.
Por su parte, la patronal de las gasolineras automáticas señaló que la Agencia Tributaria manifestó conocer los posibles implicados (operadores) en la venta, y “la dificultad de realizar una intervención en este momento”.
No obstante, no descartó emitir una nota de prensa, “recordando a los compradores que ellos también tienen una responsabilidad, que incluso podría ser penal, si se cumplen las exigencias que en nuestro Código Penal rigen para este ilícito”, añadió Aesae.
A finales del año pasado, el Gobierno aprovechó el decreto ómnibus de medidas económicas para incluir en él varias reformas de la Ley de Hidrocarburos para adoptar medidas con el fin de evitar la escalada de fraudes cometidos por algunos operadores minoristas en la venta de carburantes.
En el se incluía una moratoria de tres meses -hasta el próximo 28 de marzo- para la aplicación de un nuevo mecanismo de control, a través del cual limitar los intermediarios que participen en la comercialización de combustible.