MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
CSIF ha pedido este viernes a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de Ley sobre temporalidad para evitar que los tribunales ‘tumben’ los procesos selectivos en las administraciones públicas y ocasionen más perjuicios al personal temporal.
El sindicato ha señalado que no puede hacer una valoración precisa del proyecto hasta conocer el resultado de las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios y el texto final de la norma.
En todo caso, CSIF considera necesario aclarar los criterios para determinar que las plazas que hayan estado cubiertas durante más de cinco años (con anterioridad al 1 de enero de 2015) se cubran por el sistema de concurso, en referencia a la enmienda pactada entre PSOE, Podemos, ERC y PNV en el marco de este proyecto de ley.
“Los grupos parlamentarios también deben aclarar si esta enmienda afecta a todas las plazas o sólo a aquellas que no han salido a oferta de empleo público”, sostiene CSIF, que recuerda que el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia y estableció que aquellos contratos temporales que excedan de los tres años deben considerarse abusivos.
El sindicato de Miguel Borra pide, por tanto, a las formaciones políticas del Congreso que tramiten la norma “con seguridad jurídica, con celeridad y con equidad en el conjunto del Estado”, teniendo en cuenta que esta cuestión también deberá ser regulada por parte de las comunidades autónomas.
CSIF subraya que la temporalidad en el sector público se ha disparado al 32%, diez puntos por encima del sector privado, y denuncia que las administraciones “siguen abusando y generando situaciones injustas”. “Ya estamos viendo por ejemplo cómo están despidiendo a miles de personas en la Sanidad que contrataron en su día por el Covid”, alega.
“El texto que finalmente salga del Congreso debe ir en consonancia con nuestro marco legislativo, la directiva europea y la reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público. Debemos dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas”, afirma.
Por ello, CSIF reclama que el futuro proyecto de Ley salga adelante con “el máximo consenso posible” y se evite la posibilidad de que los tribunales acaben declarándolo inconstitucional.