Pide al Gobierno estudiar los mecanismos para que se conceda de forma automática a todos sus beneficiarios
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que más de un millón de hogares no disfrutan del bono social eléctrico teniendo derecho a él.
En un comunicado, la asociación, que se basa en un estudio de Cáritas y Foessa para sacar estas cifras en el que se afirma que al menos hay 2,4 millones de hogares con severas dificultades para pagar la factura eléctrica y del que solo la mitad cuentan con el bono social, señala la falta de información, las dificultades para tramitar la solicitud o la exclusión tecnológica como las principales razones para ello.
Por ello, OCU solicita al Gobierno que estudie los mecanismos para que el bono social se conceda de forma automática a todos sus beneficiarios.
En este sentido, pide que se identifique a los posibles beneficiarios a partir de datos que obran en poder de las administraciones y se les aplique los descuentos del bono social eléctrico de forma automática.
Mientras tanto, considera también que sería de gran ayuda que “se simplificara su renovación cada dos años, hoy por hoy muy engorrosa”, y que el bono fuera accesible también para los contratos en el mercado libre, “facilitando así que las compañías identifiquen a sus usuarios vulnerables”. Además, aboga por que se amplíen los límites de kilovatios/hora (kWh) bonificados.
En la actualidad, el bono social eleva los descuentos originales al 60% para los hogares vulnerables y al 70% para los hogares vulnerables severos hasta el 31 de marzo de 2022.
A estos colectivos se añade la categoría provisional de afectados por desempleo, ERTE o empresarios con reducciones de jornada por cuidados de familiares que hayan visto reducido sus ingresos durante el mes anterior.
Los beneficiarios del bono social eléctrico disfrutan también de forma automática del bono social térmico, que supone una ayuda adicional de hasta 125 euros al año. Además, cuentan con una protección adicional en caso de impago, ya que tienen derecho a un periodo de espera mínimo de cuatro meses de impagos antes de proceder al corte; además, si hay riesgo de exclusión social o en el hogar hay menores de 16 años o personas con discapacidad, el suministro no se puede interrumpir.