MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que como consecuencia de la crisis del coronavirus los sistemas contributivos de protección social de Latinoamérica, los cuales dependen de las cotizaciones de trabajadores y empresarios de la región, registraron un descenso en el 7,9% en el número de cotizantes, lo que se traduce en el retroceso de casi una década.
El informe de la OIT estima que antes de la pandemia solo el 46% de los ocupados en Latinoamérica estaba inscrito en los sistemas contributivos de la región. Antes del Covid-19 solo el 56% de la población latinoamericana estaba adscrita a algún tipo de protección social.
En este contexto, la OIT ha hecho un llamado para “universalizar” la protección social en América Latina y el Caribe, ya que tras la pandemia se han puesto en evidencia “serias deficiencias” que han amplificado el impacto de la crisis.
El virus ha llevado en la región a un retroceso en la cobertura de la seguridad contributiva y se ha sometido a fuertes presiones a los esquemas no contributivos, que han salvaguardado en parte la pérdida de ingresos y ha frenado el aumento de la pobreza.
“Los efectos de la pandemia se amplificaron pues había millones de personas sin redes de protección ante la pérdida de ingresos y empleos, mientras los sistemas de salud estaban al borde del colapso”, ha recordado el director de la OIT para América Latina y el Caribem Vinícius Pinheiro.
Pinheiro ha sido claro con respecto a la situación de los empleados en Latinoamérica y ha afirmado que “la gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”.
Hasta junio de 2021 se habían implementado 273 medidas no contributivas en la región, de las cuales un 64% fueron programas nuevos y el resto adaptaciones de programas existentes. Las políticas más comunes durante la crisis han sido las relacionadas con la protección al empleo y los ingresos, así como entrega de alimentos y atención a la nutrición y políticas enfocadas en salud.
El documento resalta que el gasto enfocado a mitigar la crisis de ha permitido contrarrestar el incremento aún mayor de la pobreza y pobreza extrema, donde los países que destinaron más recursos son los que más han evitado el incremento de la pobreza.
Pinheiro ha advertido que en el contexto actual de recuperación de una crisis sin precedentes “es fundamental adaptar y ampliar la protección social”. “Hemos sido testigos como las prestaciones sociales han sido la primera línea de defensa para quienes perdieron sus ingresos y a la vez constituyen un importante motor para estimular la actividad económica”, ha apostillado.
El informe subraya que existe una correlación entre la desigualdad y la cobertura contributiva de la seguridad social. Solo entre el 20% y el 40% de los trabajadores latinoamericanos cotizan cuando forman parte de los quintiles de población de menores ingresos.
Asimismo, a medida que la empresas es más grande, mayor es la cobertura. En empresas con 20 o más personas, todos los países tienen cobertura que superan el 60% e incluso 80%. En contraposición, en su mayoría las unidades económicas con cinco personas o menos presentan un nivel de cobertura inferior al 20%.
En el caso de la seguridad económica para las personas de mayor edad, se plantea que este es “un desafío pendiente”, ya que según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años en América Latina y el Caribe no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.
En concreto, entre las personas mayores, el 47,2% recibe solo pensión o jubilación, el 7% recibe tanto una pensión como ingresos laborales, y el 14,9% solamente ingresos laborales.
“Para todos la pandemia ha sido difícil, pero para los mayores ha sido brutal, tanto por el impacto de los contagio, como por la falta de ingresos lo cual los dejo en una situación particularmente crítica”, ha enfatizado Pinheiro.
En este contexto, la OIT aboga por afrontar desafíos que lleven a la región hacia pisos de mayor protección social que garanticen prestaciones mínimas para todas las personas, así como la ampliación de políticas para la población infantil, seguros de desempleo y protección universal en salud.