MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Organizaciones sociales y sindicales se han concentrado este jueves ante el Congreso para pedir al PSOE la aprobación de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, registrada este jueves en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos y otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias.
La ley, impulsada por CCOO, UGT y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros, pretende regular el precio de los alquileres y se adelanta a la Ley de Vivienda prometida por el Ejecutivo, todavía sin acuerdo por la reticencia del PSOE a intervenir los precios.
La secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, Isabel Gracia, ha comentado durante la concentración que “el mundo sindical no puede ser ajeno” a esta necesidad y ha pedido a las administraciones públicas que “garanticen el derecho de acceso a la vivienda” y regulen el precio de los alquileres para evitar “especular con una necesidad básica”.
La ley ya cuenta con el compromiso de los partidos que la han registrado, por lo que estas organizaciones sociales buscan ahora el respaldo del PSOE para lograr su aprobación, como ha expresado la portavoz de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado.
“Exigimos al PSOE que se ponga del lado de la ciudadana, allanando el camino para la aprobación de esta ley (…). Ha llegado el momento definitivo en el que el PSOE se debe posicionar”, ha agregado Delgado.
Los portavoces de las organizaciones sociales han insistido en que esta ley pretende proteger “con todas las garantías” un derecho básico que evite el aumento de los desahucios y el acceso a una vivienda digna.
Desde Facua, su portavoz, Ángeles Castellanos, ha urgido al Gobierno a sacar adelante esta ley “urgente e imprescindible” antes de la llegada del invierno, para evitar los cortes de suministro por impago, porque “tener luz, agua y gas no es un lujo, es un bien básico”.
La ley registrada este jueves contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como en la regulación hipotecaria y judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas. Además, contempla la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional y garantiza los suministros básicos.
En el caso del alquiler, la nueva ley habilita a declarar zonas tensionadas si la renta media supera el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. La declaración de zona tensionada podrá extenderse hasta cinco años.
Asimismo, contempla que los ayuntamientos puedan aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores y anula el régimen fiscal especial de las socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.