MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha pedido que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), prevista para septiembre, se aplique “de forma paralela” en los precios de los contratos públicos que se están ahora ejecutando, según ha informado en un comunicado.
Así lo ha manifestado el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, confirmando que, “como parte de la CEOE no vemos la urgencia”, tras el anuncio de esta nueva subida del SMI, desde los 950 hasta los 965 euros mensuales, que el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros.
En este sentido, ha asegurado que en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el último que se realizó entre los sindicatos y la CEOE, citaba que “las administraciones deberían tener en cuenta esta subida en los precios para que la contratación pública lo refleje y la abone”.
Sin embargo, Díez de los Ríos ha recordado que “esto no ha sido así”. “Hemos seguido siendo las empresas de servicios con mucha mano deobra las que hemos asumiendo estas subidas en los contratos en ejecución”, ha asegurado.
De esta manera, desde Aspel proponen encontrar alguna fórmula legal que solucione estas deficiencias en los contratos para que las empresas no tengan que asumir el coste, porque de lo contrario, “muchas de ellas están abocadas a una crisis y una situación que no podrán sostener durante mucho más tiempo”.
Díez de los Ríos califica de “injusta la decisión del Gobierno, porque nos dicen ‘mira yo te invito, pero tú pagas'”. “No es posible actualizar este incremento en los contratos activos y en ejecución en el sector de la limpieza y, por otro lado, tampoco son fácilmente trasladables al cliente privado”, ha indicado.
De esta forma, la patronal de limpieza pide al Ejecutivo “compromisopolítico para solventar esta situación” y que les tengan en cuenta como un actor fundamental en la economía a la hora de tomar decisiones, como esta subida del SMI.
El presidente de Aspel también ha hecho alusión a la Ley de Desindexación, que actualmente, no permite modificar el valor de los contratos ya firmados y ha abogado por “revisar el precio de esto”, al tiempo que ha lamentado que la ley “siga sin amparar la revisión de costes en los contratos plurianuales de servicios con lasadministraciones públicas”.