La industria gasista pide exenciones y no compensaciones, ante el riesgo de que sean declaradas como ayuda ilegal por Bruselas
Repsol considera un “error” la ausencia del GLP en el fondo y avisa de que “sería discriminatorio” excluirle de posibles ventajas
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Transición Ecológica del PSOE en el Congreso, Germán Renau, ha defendido este viernes que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico “no afecta en absoluto” a la entrada de inversión en la industria, mientras que su homólogo en el PP, Juan Diego Requena, considera que “una señal clara” no es.
Así lo han puesto de manifiesto ambos durante el debate ‘online’ sobre este fondo ‘FNSSE: Análisis de impacto y propuestas de mejora’, organizado este viernes por la Asociación Gas Licuado y Sedigas, y que ha reunido a representantes de los grupos políticos en el Congreso y Senado con operadores del sector gasístico.
Todo ello con el objeto de analizar las implicaciones y las posibles modificaciones del nuevo fondo, cuya regulación se tramita en el Congreso, con el que el Gobierno pretende sacar de la factura de la electricidad los costes fijos asociados a la retribución de las primeras instalaciones de renovables y repartirlas entre todos los operadores energéticos.
LA INDUSTRIA HABLA DE DESLOCALIZACIONES
Para el director de Relaciones Institucionales y Coordinación Regulatoria de Repsol, Ángel Bautista, este fondo “puede desubicar a España para otro tipo de inversiones industriales” y asume una pérdida de competitividad ante un aumento de los costes energéticos. “Evidentemente, salvo que hagas una exención general con la industria exportadora, creo que no tiene mucho sentido para atraer inversión y, en sentido contrario, puede ser perjudicial”, ha dicho.
Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de GasIndustrial, patronal de las industrias consumidoras de gas, directamente ha señalado que “tener precios más altos implica riesgos de deslocalización”: “No queremos tener costes adicionales que el resto de la competencia no tiene”, ha aseverado.
“SIEMPRE OÍMOS ‘QUE VIENE EL COCO’ Y LUEGO NO SE CUMPLE”
“Siempre que hay una medida de este estilo siempre oímos al sector industrial que dejará de atraer inversión. Son historias de ‘que viene el coco’ y no se cumplen nunca”, ha replicado Renau (PSOE), recordando la tasa de ajuste de frontera europea y que “todos los inversores tienen asumida la descarbonización”.
De su lado, Requena (PP) ha defendido que el fondo supone diferenciar a la economía española de su entorno con más costes y, por tanto, le resta competitividad. Por ello, ha apostado por ‘congelar’ la entrada en vigor del fondo, a la espera de la nueva directiva europea sobre fiscalidad energética y apostando por la vía impositiva como forma de enviar señales a la inversión.
Mercedes Garmendia, portavoz del PNV en el Senado, ha recordado que “la transición energética tiene unos costes”, y que estos deben ser asumidas por la industria, el resto de sectores económicos, y también los consumidores. Y, frente a ello, prever fórmulas de compensación para la población vulnerable y los sectores especialmente afectados.
A LA ESPERA DE LA REFORMA FISCAL ENERGÉTICA
Respecto al Fondo, lo entiende como una vía para aligerar la factura de electricidad, pero no como un “objetivo final” que, a su juicio, pasa por una reforma fiscal en los términos de que “quien contamina, paga”. Asimismo, espera poder eximir del cálculo de aportaciones a aquellas industrias en riesgo de deslocalización.
Por su parte, el director de Regulación de Naturgy, José Luis Gil, ha señalado que la comisión de expertos para el futuro energético en España recomendó primero una reforma de la fiscalidad, “pero nunca un fondo de tasa común”, ha lamentado. Además, ha señalado el riesgo de una posible doble imposición para muchas tecnologías, que ya pagan por los derechos de CO2 su penalización contaminante, y ha incidido en la ausencia del carbón en el fondo.
Varios de los operadores han señalado que no se trata de una medida positiva para la industria, en un momento de crisis y de consenso en la idea de reindustrializar Europa. También que, por mucho que se quiera electrificar, hay industrias donde no es posible esta solución.
¿NO ERA NECESARIO REINDUSTRIALIZAR LA ECONOMÍA?
A día de hoy, ha destacado la representante de GasIndustrial, el 60% del consumo de gas va para la industria, mientras que Repsol se ha preguntado qué sentido tiene cargar a tecnologías no eléctricas cuando se asume que en 2050 un 40% de la actividad no será electrificable.
“Pero es que la reconstrucción industrial no puede partir de un modelo de emisiones desbocadas”, ha insistido Renau (PSOE), defendiendo que “la inversión industrial va a tener que tener en cuenta” otras formas de producción, en línea de los objetivos de descarbonización de la economía.
COMPENSACIONES O EXENCIONES
Otro de los asuntos abordados durante la mesa ha sido el régimen de compensaciones del fondo, ante las dudas expresadas por el sector gasístico de que acaben siendo anuladas por constituir una ayuda de Estado ilegal, según la normativa comunitaria. En este sentido, todos los operadores han coincidido en la necesidad de sustituirlas por exenciones en las aportaciones al fondo, petición secundada por el PP.
Rivière (GasIndustrial) ha recordado que el propio informe del Consejo de Estado advirtió del riesgo de que fueran anuladas por la Comisión Europea pero, en todo caso, ha destacado que la regulación propuesta tampoco especifica todavía cómo se llevarán a cabo esas compensaciones. “Si es que nos van a compensar”, ha apostillado, lamentando que “hay mucho que tiene que entrar en vigor antes que el fondo” y que, sin embargo, aún no está definido.
“Las compensaciones tienen un riesgo tremendo de ser consideradas ayudas de Estado por la Unión Europea”, ha abundado Bautista (Repsol), que también ha criticado la ausencia del GLP (gas licuado del petróleo) en el esquema del fondo, algo que atribuye a “un error”, ya que considera que, de ser así “sería discriminatorio sobre otros productos petrolíferos”.
Requena, del PP, ha apostado por asegurar la legalidad del sistema con exenciones, abarcables a toda industria con dificultades para electrificarse y que se considere “estructural” en la economía española. “Tenemos que echarle una mano, pero con exenciones, y no con trapicheos ni negociados de compensaciones”, ha dicho.