MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado, en el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra este jueves, que el fraude en las prácticas no laborales cuesta más de 1.500 millones de euros a la Seguridad Social.
Los datos, procedentes de un estudio realizado por RUGE, Revolución Ugetista, muestran una normalización del fraude en los convenios de prácticas no laborales cuya estrategia consiste en tratar de ocultar la existencia de relaciones laborales.
El estudio señala que las empresas ofrecen puestos de prácticas no laborales, haciendo pasar a personas jóvenes que no están matriculadas en ninguna formación reglada, por estudiantes en prácticas, cuando en realidad están desarrollando trabajo efectivo. Estas personas se ven así forzadas a matricularse en un curso online que suele costar unos 200 euros que salen de su bolsillo.
RUGE destaca que si se tiene en cuenta el conjunto de personas que realizaron prácticas no laborales remuneradas, universitarias y de formación en 2018, un total de 866.079, se traduce en una equivalencia de 296.310 puestos de trabajo anuales. El impacto de estas prácticas no laborales sobre los salarios es de 4.251,8 millones de euros, calculado en base a los datos que indica la Encuesta de Estructura Salarial (EES).
En el mismo año, y según datos de la misma encuesta, el impacto sobre el sistema de la Seguridad Social asciende a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones.
Por último, en el periodo entre 2014 y 2018 estas prácticas no laborales no remuneradas o mal remuneradas se han traducido en una pérdida 16.242,1 millones en salarios y 6.615,2 millones de euros en cotizaciones.
REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
En este sentido, RUGE ha reclamado de forma urgente un Estatuto de las Prácticas No Laborales, un compromiso del Gobierno tras el acuerdo alcanzado en el Plan de Choque por el Empleo Joven de diciembre de 2018, pero que tras dos años y medio sigue sin avanzar.
En este sentido, Revolución Ugetista ha instado a aprovechar el impulso que se está dando en la mesa de Diálogo Social a la modernización del Estatuto de los Trabajadores para traer certidumbre en el colectivo de las personas becarias y acabar con su situación precaria.
RUGE entiende necesario establecer un Registro Nacional de Estudiantes en Prácticas, así como eliminar las prácticas no laborales extracurriculares y prohibir la realización de convenios de prácticas no laborales mediante la matriculación en cursos a posteriori.
Además, consideran fundamental fortalecer los programas de prácticas dentro de las universidades y centros de formación profesional y, sobre todo, intensificar la intervención de los interlocutores sociales en el ámbito de las prácticas no laborales para velar por la correcta utilización de las mismas.