MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Pleno del CES ha aprobado un dictamen sobre la nueva ley general de telecomunicaciones en la que considera que el modelo de servicio universal podría ser insuficiente y propone complementarlo con ayudas y bonos de gasto.
La institución ha celebrado que se halla respaldado redactar una nueva regulación en lugar de modificar la vigente, ya que considera que se ofrece una mayor seguridad jurídica y promueve la inversión, en opinión del organismo, aunque al mismo tiempo ha señalado que tiene “un amplio margen de mejora”.
El Pleno considera que esta ley afecta a todos los actores digitales que participan en un sector que cambia muy rápido, por lo que el plazo de cinco años estipulado para reformar la ley lo consideran “muy largo”.
En cuanto al servicio universal de telecomunicaciones, el CES considera que los operadores privados pueden ser insuficientes para garantizar la universalización del servicio, de ahí que reclame ayudas.
Asimismo, el Consejo ha avalado el cierre de las brechas digitales a través de la formación e insta a valorar la financiación del servicio universal con fondos públicos.
Además, la institución ha valorado que el texto se oriente al impulso de la vertebración económica social y territorial, así como al cierre de las brechas de desigualdad social por falta de acceso o uso de Internet por motivos socioeconómicos.
Por ello, pide desarrollar una regulación de tarifas sociales en función de nivel de renta y orientar con la máxima eficiencia los fondos asignados a estrategias de digitalización para lo que plantea incluir a las personas mayores y quienes viven aislados o en zonas rurales en los grupos de población con “necesidades sociales especiales” susceptibles de beneficiarse de las ofertas de servicio universal.
En cuanto a las infraestructuras, el Consejo ha considerado que las medidas de fomento de las inversiones en infraestructuras y redes de alta capacidad suponen un avance para garantizar la disponibilidad de estas en el conjunto del territorio, lo que permite ofrecer las mismas oportunidades a los usuarios finales independientemente de su ubicación geográfica y con una calidad suficiente y a un precio asequible.
En todo caso, este asegura que sigue siendo necesario realizar un mayor esfuerzo en formación y comunicación sobre la aplicación práctica de la Ley entre el personal técnico y jurídico de todos los niveles de las Administraciones públicas con capacidad para dictar resoluciones en el ámbito del despliegue de redes.
Finalmente, en relación a la planificación pública necesaria para la efectiva materialización de las nuevas infraestructuras, ha destacado que determinados incumplimientos sobre planes inversores de las operadoras deberían tipificarse como infracciones muy graves, en atención a su perjuicio para el interés público, ya que obstaculizan la competencia efectiva y, con ella, el correcto despliegue de redes.
DESARROLLAR EMPLEO
El CES ha respaldado que recoja objetivos como el desarrollo de empleo asociado a la economía digital, sin embargo ha apuntado que se continúa atendiendo sobre todo a una competencia basada en precios y habría que orientarla la regulación a otras opciones para aumentar la inversión, lo que terminaría creando nuevos puestos de trabajo.
Entre las propuestas del Consejo se encuentra la configuración de la coinversión como eje principal de colaboración, la implantación de memorias sobre fomento del empleo a recoger en todos los procesos de licitación para la explotación de espectro; o la reorientación del rol de las operadoras, llevándolo más allá de la gestión de las redes de telecomunicaciones y recuperando su papel como polos de innovación.
Con ello el CES ha destacado que se favorecería su capacidad de inversión en I+D y de dinamización tecnológica del tejido productivo y social.
El Consejo ha señalado como “preocupante” la carencia de referencias a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para la concreción de la futura normativa de desarrollo de la Ley en aspectos referentes al empleo.
Por ello, ha concluido su comunicado con un mensaje donde “pone en valor” el papel del diálogo social para que el desarrollo de la futura ley se realice adecuadamente, tanto con criterios técnicos como con una correcta valoración de los impactos socioeconómicos.