MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, en la línea con la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
El Gobierno ha mantenido además su previsión de déficit público, al augurar un desajuste del 8,4% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia de déficit del 5% en 2022. La ministra ha explicado que en dos años el déficit se habrá reducido más de un 50%.
Excluyendo los fondos europeos, el ‘techo de gasto’ se situaría en 169.787 millones de euros, un 0,7% más.
Así lo ha señalado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha apuntado que el ‘techo de gasto’ se mantiene en máximos históricos y donde ha destacado que el límite de gasto incorpora una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 18.396 millones.
Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales “más prudentes” que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla uno “de los mayores descensos del déficit público”, desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022.
La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Con la aprobación del límite de gasto no financiero para el próximo año, se da el pistoletazo de salida a la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que recogerá la llegada de nuevas partidas de los fondos europeos previstos por importe de 75.000 millones para estos tres años.
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