MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Las transferencias del estado desempeñan un papel “esencial” para financiar una parte importante del gasto en pensiones y alinear las políticas públicas con las recomendaciones del Pacto de Toledo, según se puede extraer del ‘Pensiómetro’ del Instituto Santalucía.
En el estudio se hace un análisis sobre la reforma del sistema de pensiones, donde se recuerda que, según el informe de la Comisión Europea, los ingresos por cotizaciones para hacer frente al gasto en pensiones en el periodo 2022-2050 deberán alcanzar el 2,1% del PIB para no activar el mecanismo de ajuste.
El informe de envejecimiento de 2024 recientemente publicado por la Comisión Europea sitúa el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 en más del 15% del PIB. No obstante, el mismo calcula que las cotizaciones aumentarán 1,2 puntos su participación en el PIB en promedio en el periodo 2022-2050, por lo que el ajuste medio se cifraría en 0,9 puntos de PIB anuales.
LA REGLA DE DÉFICIT EN LAS PENSIONES SE CUMPLIRÍA CON LAS TRANSFERENCIAS
Sin embargo, desde el Instituto Santalucía recalcan que los cálculos de estas instituciones sólo tienen en cuenta los efectos de las medidas de ingreso sobre las cotizaciones sociales y ninguno incluye en el análisis otro tipo de ingresos, como la transferencia del Estado para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo, o los intereses del fondo de reserva, por lo que “si se incluyen estas medidas, especialmente la transferencia, la regla de seguimiento del déficit se cumpliría”.
Por tanto, para el instituto la metodología que utilice la AIReF — que en 2025 emitirá un informe sobre los efectos de la reforma de pensiones con datos tanto del gasto como del ingreso — para estimar el efecto de las medidas de ingreso será “crucial para verificar si se cumple o no la regla de déficit en los próximos años”.
En relación al efecto del nuevo sistema de cotización de autónomo, indican que ha tenido un impacto negativo en 2023, dado que la recaudación de este régimen ha aumentado menos que el PIB nominal.
Sin embargo, han subrayado que “es discutible atribuir este efecto exclusivamente al cambio en el sistema de cotización” y han recordado que el destope de la base máxima y la cotización de solidaridad no han entrado en vigor en 2023.