MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Gobierno prevé que la normativa para corregir el denominado dividendo de carbono que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del dióxido de carbono (CO2) en el mercado de derechos de emisión, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros anuales a las eléctricas por los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ de la nuclear y la hidráulica, podría estar aprobado y “publicado en el BOE en otoño”.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, indicó que el Gobierno espera terminar “en breve”, una vez superado el periodo de consulta pública, con la tramitación del anteproyecto para que pueda ser enviado al Congreso de los Diputados como proyecto de Ley.
Además, mostró su confianza en que entrará en vigor “rápidamente”, ya que por sus pronunciamientos públicos o presentación de enmiendas en la misma línea debería contar con el respaldo de Ciudadanos y PP, consideró.
La ministra defendió la tramitación de la medida como anteproyecto de ley, aunque bajo el procedimiento de urgencia, para que el texto pueda contar con “más garantías” y con los comentarios de todos los implicados, ya que es “un tema sensible e importante”.
“Creemos que es bueno para quienes puedan opinar al respecto y para la solvencia y tranquilidad de los inversores el dar margen para que todo el mundo entienda qué estamos haciendo y por qué, y no se distorsione la intención con mensajes quizás interesados”, dijo.
En este sentido, recordó que España viene de una época en al que la litigiosidad contra el Estado se “disparó por un abuso en los cambios regulatorios en el ámbito de la energía”, que llevó a acumular litigios en las cortes internacionales por hasta 10.000 millones de euros. “Debemos ser cuidadosos, escrupulosos y escuchar a todo el mundo”, advirtió Ribera.
La ministra defendió la propuesta del Gobierno de recortar esta retribución a las eléctricas en la necesidad de “facilitar una distribución justa y razonable de costes” y de repartir esos beneficios en estos años de transición. “Es lo que hay que ajustar con todas las garantías del procedimiento legislativo”, añadió.