MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir que se garanticen las ayudas para las actividades del sector primario afectadas por la sequía, en particular el sector del olivar y del viñedo, así como un plan nacional del agua y uno de regadíos.
En el texto registrado para su debate en la Comisión de Agricultura, la formación explica que aunque España es “líder mundial” en el mercado de aceite de oliva, el precio del mismo ha sufrido “una fuerte escalada”. “En los dos últimos años el precio del aceite de oliva ha experimentado un crecimiento del 120%”, denuncia Vox.
Además, el partido liderado por Santiago Abascal argumenta que los analistas del mercado prevén un mantenimiento de los precios actuales por factores como la subida del precio de los costes de producción o las recientes sequías, lo que podría hacer del aceite un “artículo de lujo para las familias españolas”.
Por estos motivos, el grupo parlamentario pide en el Congreso, primero, promover las medidas necesarias para la defensa del sector del olivar en España mediante un Plan Nacional del Agua y un plan de regadíos.
PIDEN QUE GARANTICE EL ACCESO AL AGUA EN TODA ESPAÑA
La idea de Vox es que el Plan Nacional de Agua contemple la gestión racional de los recursos hídricos en todo el territorio nacional y que contemple la interconexión de cuencas como “medida esencial” para hacer frente a los contextos climatológicos adversos, como la sequía, connaturales a la realidad climatológica y geográfica y garantice el acceso de todos los españoles al agua sin importar en qué parte de España se encuentren.
En lo que respecta al plan de regadíos, la formación quiere que contribuya a la modernización del regadío español para favorecer un uso “más eficaz del agua, así como la reducción del volumen de consumo”.
Además de las ayudas por la sequía y los planes hídricos, Vox defiende en un tercer punto reivindicar los intereses del sector primario español ante las instituciones europeas. Para ello, piden defender en Bruselas la defensa del uso de fitosanitarios, el cumplimiento de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria, la persecución de la competencia desleal de otros países y una Política Agraria Común “acorde al interés general de los españoles”.