Sirve para determinar el precio de los servicios mayoristas regulados
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado fijar la tasa anual del coste del capital a aplicar en la contabilidad de costes del ejercicio 2023 de Telefónica en el 5,55% y para Cellnex en el 7,01%, según figura en la resolución publicada por el organismo.
El coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) es el tipo al que se espera que una empresa retribuya por término medio a todos sus tenedores de valores (acciones y bonos) y suele denominarse “coste de capital de la empresa”, explica la CNMC.
De este modo, el organismo calcula cada año el WACC de los operadores del sector de las telecomunicaciones sujetos a la obligación de contabilidad de costes.
Estos son, actualmente, Telefónica y Cellnex, si bien hasta el ejercicio 2022 también se calculaba el WACC para Telefónica Móviles España, Vodafone España y Orange Espagne.
En este contexto, la contabilidad de costes sirve para determinar el precio de los servicios mayoristas regulados, es decir, el alquiler de redes a otras empresas para que estas puedan ofrecer servicios.
Para calcular la tasa anual del coste del capital, la CNMC utiliza una metodología estipulada por la Comisión Europea y con la que se ponderan las dos fuentes principales de financiación posibles, es decir, la deuda y los fondos propios, en función de sus respectivos pesos en la estructura de financiación.
En ese sentido, el organismo explica que, por ejemplo, uno de los parámetros más importantes para el cálculo del WACC es la cotización del bono soberano del país a 10 años.
En 2022 la CNMC situó la tasa anual del coste del capital de Telefónica en el 5,2% (frente al 5,55% de 2023) y la de Cellnex en el 6,35% (7,01% en 2023), mientras que en 2021 fue del 4,82% para la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete y del 5,69% para la torrera.
Una vez definido el WACC para Telefónica y Cellnex, la CNMC ha notificado la resolución a la Comisión Europea, al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea y a los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y Transformación Digital.