Se trata del último hito del componente 23 del Plan de Recuperación, por lo que su rechazo impide que España reciba los próximos 10.000 millones
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El voto en contra de los cinco diputados de Podemos al real decreto-ley que reformaba el subsidio por desempleo ha motivado que decaiga dicha medida que, no obstante, no entraba en vigor hasta el 1 de junio de 2024.
Lo que sí decae desde mañana es la prevalencia de convenios autonómicos sobre convenios estatales y sectoriales que el Gobierno pactó con PNV en su acuerdo de investidura.
La entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.
Ahora bien, el Gobierno aprovechó el real decreto-ley que reforma el subsidio por desempleo para introducir, para sorpresa de los agentes sociales, la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura con esta formación, medida que entró en vigor antes de finalizar 2023 y que ahora decae con el rechazo al decreto.
La reforma del subsidio por desempleo fue objeto en las últimas semanas de enfrentamientos entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Economía de Nadia Calviño, pero se desbloqueó tras llegar ambos departamentos a un acuerdo, con cesiones por ambas partes.
Los cambios en el subsidio debían aprobarse antes de fin de año pues se trata del último de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación, ligado al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, que el Gobierno ya solicitó a Bruselas, por lo que su rechazo impide ahora que España pueda recibir los próximos 10.000 millones.
SE ELEVA EL SUBSIDIO
En concreto, la reforma eleva el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
Estas cuantías son las que corresponderían al subsidio con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el importe del subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda. Eso sí, estas nuevas cuantías serán de aplicación a los nuevos perceptores que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la reforma, no a los anteriores.
MÁS BENEFICIARIOS
La reforma incorpora también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
El texto unifica los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio de trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario sobre el cómputo recíproco de cotizaciones del PROFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario), lo que simplifica los requisitos de acceso y la gestión de estos subsidios específicos, según Trabajo.
Además, se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación. También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares.
La norma aprobada por el Consejo de Ministros establece, asimismo, la posibilidad de compatibilizar el subsidio por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial durante los primeros 180 días sin pérdida de cuantía, frente a los 45 días planteados inicialmente por Trabajo.
En el caso de los mayores de 52 años, la norma mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero rebaja progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125% actual.
Esta es precisamente la medida que rechaza Podemos al entender que se trata de un recorte de la prestación para los mayores de 52 años, algo que niegan desde el Ministerio de Trabajo, argumentando que al elevar el importe del Salario Mínimo ya no es necesario seguir manteniendo una base de cotización del 125%.
PODEMOS VOTARÁ A FAVOR SIN RECORTES
Esta misma tarde, tras el rechazo del decreto en el Congreso, cargos de Podemos han emplazado al Gobierno a convocar mañana mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo “sin recorte” para parados mayores de 52 años, dado que así tendrá garantizado su voto a favor.
“Cuando el Gobierno negocia y no recorta, acordamos en favor de la gente”, ha trasladado el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, en la red social ‘X’.
“Mañana mismo se puede hacer un Consejo de Ministros extraordinario aprobando el mismo Real Decreto-ley pero sin el recorte a las pensiones de los parados mayores de 52 años y Podemos votará a favor”, ha desgranado Fernández.
A su vez, el exportavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique ha seguido en esa línea, al decir que el decreto tenía “cosas buenas” pero implicaba un recorte que no podían asumir.
Por tanto, ha dicho que la cosa “es fácil” y que el Gobierno puede “reunirse mañana mismo y volver a aprobarlo con las cosas buenas y sin el recorte”.
Luego, en claro mensaje a Sumar ha lanzado que “al final” la “política útil” era “intentar recortarle la pensión a los desempleados mayores de 52 años que ingresan 480 euros al mes y acusarlos de estar ‘sobrecotizando’. “Les faltó decir que están “sobrecotizando por encima de sus posibilidades”, ha zanjado.