El Pleno de la Cámara Baja se reunirá en el Senado porque el hemiciclo del Palacio de San Jerónimo está en obras
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Congreso celebrará el próximo miércoles un Pleno extraordinario para debatir las enmiendas de totalidad a la Ley de Amnistía registradas por el PP y Vox, los objetivos de déficit y el conocido como ‘techo de gasto’ y la convalidación de tres decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre, entre ellos el relativo a las medidas para paliar los efectos de la crisis económica.
Esa sesión plenaria tiene que celebrarse en la sede del Senado porque el hemiciclo del Congreso estará en obras durante todo enero por la instalación de pantallas táctiles en los escaños de sus señorías.
Formalmente el orden del día de este primer Pleno del año lo fijará la Junta de Portavoces el día 9, pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la previsión es que, además de las enmiendas de totalidad con texto alternativo a la Ley de Amnistía, se aproveche para introducir más asuntos.
Y es que la idea es convocar otra sesión plenaria este mismo mes para debatir la reforma del artículo 49 de la Constitución destinada a sustituir el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”.
LA REFORMA DEL 49 DE LA CONSTITUCIÓN, LA SEMANA SIGUIENTE
Esa modificación constitucional fue registrada con la firma de PSOE y PP la semana pasada, tras el acuerdo alcanzando antes de Navidad por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ambos acordaron que la toma en consideración de esa iniciativa, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, se debatiera en una sesión plenaria monográfica, que se calcula para el 16 de enero, también en el Senado. Por eso, todos los demás asuntos que el Pleno tiene pendiente de discusión se debatirán el día 9.
Así, el próximo miércoles se abordarán las enmiendas de totalidad a la Ley de Amnistía, que previsiblemente serán rechazadas por la mayoría de la investidura, salvo Coalición Canaria, que está en contra de esta medida.
TRES DECRETOS LEYES
También se debatirá la convalidación de tres decretos leyes aprobados por el Gobierno que deben obtener el visto del Congreso en el plazo máximo de un mes para continuar en vigor. Se trata de los relativos a medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y progresional, las destinadas a afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y otro para la digitalización de la Administración de Justicia.
El decreto sobre conciliación incluye la reforma de subsidio por desempleo, que estaba prevista para finales de 2022 y es necesaria para que España acceda al cuarto desembolso de los fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros. El decreto introduce nuevos colectivos que pueden percibir esta prestación y también extiende el permiso de lactancia hasta un total de 28 días para todos los trabajadores.
De su lado el nuevo decreto ley de medidas anticrisis incluye la prórroga del IVA reducido en alimentos básicos, pastas y aceites, modifica este mismo impuesto en las facturas de luz y gas natural — que pasan de un 5% a un 10%, frente al 21% original de antes de la crisis energéticas– y recoge la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico.
DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Asimismo, el miércoles se discutirán las medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo que, entre otras cosas, incluye una batería de medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia.
En el orden del día se incluirá también el debate y votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales que el PP podría tumbar con su mayoría absoluta en el Senado.
Asimismo, se discutirán el Plan de Reequilibrio, una hoja de ruta de la planificación presupuestaria para el próximo trienio, conocida como ‘techo de gasto’ pero que no se somete a votación.