MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
CCOO ha trasladado a la Secretaría de Estado de Función Pública una queja formal por la aprobación, el pasado martes, “al margen” del diálogo social del Real Decreto que regula la evaluación del desempeño de los empleados públicos, además de otras materias relativas a permisos y derechos de conciliación.
El Área Pública de CCOO ha instado al Ministerio de Hacienda y Función Pública a retomar “de forma urgente” la culminación íntegra del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado en 2022 con su sindicato y UGT.
Para el sindicato, el hecho de que esta norma requiriera “cierta urgencia” en su tramitación para dar cumplimiento a compromisos recogidos en el Plan de Recuperación “no es excusa para no haber sido objeto de negociación en el ámbito de dialogo social de la Administración Pública”.
Entre otros asuntos, la norma aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros aborda temas relativos a permisos y derechos de conciliación, así como la Ley de Función Pública, “sin haber sido abordados previamente por la mesa de diálogo social con los sindicatos firmantes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, aún pendiente de culminar su desarrollo”, denuncia CCOO.
Para el sindicato, urge cerrar el despliegue del Acuerdo Marco en materias tan importantes como la reclasificación profesional, incluyendo la obligatoriedad de adaptar la clasificación profesional al Marco Español (MECES) y Europeo (EQF) de Cualificaciones, así como la jubilación parcial, permisos, jornada de 35 horas o la Ley de Función Pública del Estado.
Del mismo modo, y respecto a la Ley de Función Pública del Estado, CCOO considera “imprescindible” retomar “de inmediato” las negociaciones para su aprobación definitiva, al igual que lo contenido en el Real Decreto-ley, que una vez entrado en vigor, debe contemplar la negociación prioritaria de la carrera profesional, así como la negociación para acordar las bases de la evaluación del desempeño profesional, entre otras.
Desde el Área Pública de CCOO también se reclama “un enganche legal” para garantizar a partir de enero los incrementos pactados para 2024 y el 0,5% adicional una vez se cierre el PIB de 2023.
Asimismo, pide introducir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 medidas que garanticen la recuperación de empleo público, con una “correcta” planificación de las necesidades para su traslado a las correspondientes ofertas de empleo público.
“En la Ley de PGE también deben introducirse medidas que garanticen el cumplimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) en todas las administraciones públicas y sector público, donde destaca la problemática de empresas en el sector de aguas”, ha subrayado.