Creen que en vez de subrogar la deuda deberían haber asumido que estaban ante deudores dudosos y no buscar un sustituto
Peritos del Banco de España han explicado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso ‘Sa Nostra’ que el compromiso de agosto de 2008 de la caja de ahorros balear de comprar participaciones de sociedades del Grupo Martín Gual a cambio de que éste entrara en la operación de Son Bordoy fue “anómala” y por tanto fue una “mala práctica” que no se hizo con arreglo a la normativa contable que es de obligado cumplimiento para las cajas de ahorro.
Ante la Sección Tercera de la Sala de los Penal, que juzga a varios exdirectivos de la caja balear por una operación por la que la entidad dio el visto bueno a que Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, los peritos han ratificado sus informes y han apuntado que en este caso, donde hubo una subrogación de la deuda por esos terrenos (de los anteriores deudores hacia Gual), lo que se debería haber hecho era asumir que eran deudores dudosos y no buscar un tercero para sustituirlos.
“Eran claros deudores dudosos y eran un problema, no tiene sentido racional lógico que un banco en vez de ejecutar la hipoteca busque un tercero que se la compre y encima tenga beneficios, porque es un tratamiento totalmente anómalo”, han apuntado los peritos del Banco de España.
Al hilo, han explicado que Sa Nostra debería haber realizado además una retasación del valor de los terrenos que se comprometía a quedarse y que eran en principio de sociedades de Gual, Sepik y Paine. “En un mercado en caída los suelos tenían que valer mucho menos, si una empresa compra suelo y no retasa ese suelo…, (…) si compras a valor nominal me estás devolviendo a mi lo que yo puse y se está quedando con la pérdida”, han explicado a preguntas del Ministerio Fiscal.
Cabe recordar que este juicio se celebra contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra el empresario Javier Collado, dado que el promotor Martín Gual ya ha fallecido. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
VALOR NOMINAL
La fiscal del caso, que al inicio del interrogatorio se ha centrado en la operación por la que Sa Nostra se comprometía con Gual a comprar sus participaciones en las sociedades participadas por la caja Sepik y Paine en caso de que no lograra una empresa interesada en entrar, ha puesto el foco en que el acuerdo marcaba que la compra debía hacerse a valor nominal por lo que “la caja se hacía cargo de la depreciación de los terrenos”, algo que los peritos del Banco de España han calificado de mala práctica porque se debería haber tenido en cuenta el valor contable, que fluctúa con el mercado.
“Esto es un incumplimiento de la contabilidad, y lo exige la norma contable para las entidades de crédito”, han explicado, para luego subrayar que en los términos del acuerdo era “imposible que alguien comprara a precios de la cresta de la burbuja” por lo que realmente los iba a tener que comprar la caja. Con ésta aseveración no ha estado de acuerdo otro perito de parte, quien ha recordado que en 2008 los precios del mercado no habían sufrido deterioro ni bajada dado que el pinchazo de la burbuja se produjo después.
En todo caso, los peritos del Banco de España han hacho hincapié en que para la compra de la participación de Gual en Sepik y Paine no se realizaron tasaciones al uso sino que se valoraron suelos no urbanizables como si lo fueran y se asignaron valores “totalmente sesgados” por lo que hubo un perjuicio en la adquisición.
Para los peritos hubiera sido una buena práctica no adquirir las participaciones de Gual en ambas sociedades, o al menos no haber firmado ese compromiso sin haber tasado los terrenos y activos de ambas sociedades. Además, han explicado que al comprar esas participaciones, Sa Nostra se quedó también con las deudas que tuvieran ambas sociedades con terceros.
Al hilo, han comentado que esta forma de actuar anómala se repitió en el caso de Son Bordoy, cuando las sociedades deudoras (FBex e Ibercom) ceden en subrogación a las empresas de Martín Gual, “se van con dinero que no tenían que llevarse, recibiendo millones”.
EL ANALISTA QUE NO ESTABA CONFORME
Durante la comparecencia de estos peritos, se ha reiterado que la subrogación hacia las empresas de Gual (Nueva Palmira y Haras) se hizo contando con un informe de riesgos en el que un analista se mostraba contrario a autorizarlo. “Ponía de manifiesto que esa compra de suelo era a Ibercom y que a nivel de riesgo ni la solicitante ni la fiadora tenían suficiente capacidad de pago, las garantías propuestas eran totalmente insuficientes”, han indicado.
Así, han aseverado que la operación de subrogación (pasar la deuda de un deudor a otro) “no era aprobable” e incumplía la normativa que resalta que las cajas deben ser prudentes a la hora de conceder créditos. Y han destacado además que la adquisición de los terrenos por parte de las sociedades de Gual se produce incluso antes de que la comisión ejecutiva de la caja aceptase la operación de subrogación.
A juicio de los peritos del Banco de España, los directivos de Sa Nostra habrían tratado de obviar una situación delicada de los anteriores deudores buscando un nuevo comprador (Gual), cuando lo que realmente tenían que haber hecho era haber retasado las garantías, dotar con fondos y reconocer pérdidas.
Los peritos han ratificado asimismo que el riesgo acumulado por estas operaciones ascendió a 100 millones para la caja, sólo en Haras 43,5 millones, y han apuntado que esa cantidad suponía un riesgo “muy elevado para la caja”. Además han añadido que en prestamos posteriores concedidos a empresas de Gual se dio una falta de control por parte de la entidad y que se produjo una desviación de fondos en las cantidades otorgadas para la financiación de la urbanización de los terrenos.
Así, han ratificado que los comités de inversión de Sa Nostra eran un mero trámite, que no hubo seguimiento de operaciones por el comité de riesgos, que en caso de haberse ajustado a la normativa se podría haber evitado una parte muy elevada del perjuicio a la caja y que se dio un trato preferente a Martín Gual desde el momento en el que se adoptan decisiones en contra de los analistas de riesgos.