MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo recibió en 2022 el doble de quejas referidas a los aspectos relacionados con el reconocimiento de la pensión de jubilación, según consta en el Informe publicado este lunes por la institución.
La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con los requisitos para el acceso a la jubilación anticipada, a las cuantías de las pensiones y su revalorización anual, a la revisión de los complementos a mínimos, a las dificultades para acreditar los períodos de carencia genérico y específico o a las solicitudes no atendidas de reconocimiento del complemento por maternidad o paternidad.
El Defensor del Pueblo recuerda que, en el caso de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, la gestión y el reconocimiento depende de las comunidades autónomas. Los problemas derivados de las dilaciones en la tramitación de dichas pensiones han afectado de forma especial a las comunidades autónomas de Andalucía, con demoras de ocho y 12 meses, según las provincias, y Canarias.
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
El Defensor del Pueblo señala en su informe que, en lo que respecta a la compensación de la prestación extraordinaria por desempleo derivada de la inclusión en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por deudas con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sigue a la espera de respuesta de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social a la Recomendación formulada en 2022, relativa a reconocer de oficio la compensación parcial de la prestación extraordinaria por desempleo por ERTE a sus beneficiarios con deudas previas contraídas con el SEPE.
En cuanto a la prestación de desempleo derivada de la inclusión en un ERTE, el Defensor del Pueblo inició una actuación por la demora en el abono de las prestaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) por el Mecanismo RED, cuando el citado ERTE abarcaba el período del 1 de junio al 29 de octubre de 2022, y en octubre de 2022 todavía no se había abonado prestación alguna.
El SEPE ha informado de que el pago de estas prestaciones se ha canalizado de forma separada al resto de prestaciones, y asocia la demora a la puesta en marcha del mecanismo especial de gestión.
Además, el Defensor del Pueblo también ha recibido numerosas quejas sobre el “inadecuado funcionamiento de la atención presencial y telefónica en las oficinas del SEPE”, incluso después de la pandemia. Muchas de estas reclamaciones muestran “la perplejidad” de los interesados ante la continuidad de las restricciones a la atención presencial.