MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Gobierno considera que la contabilidad de los empleados fijos-discontinuos es un “falso debate del PP”, ya que siempre se han contabilizado de la misma manera.
Así lo han trasladado fuentes del Ejecutivo, tras conocerse este martes que el número de trabajadores fijos-discontinuos en periodos de inactividad no contabilizados en los registros del paro que cada mes publica el Ministerio de Trabajo osciló entre las 136.000 y las 443.000 personas en 2022, dependiendo del mes que se tome como referencia.
De acuerdo con una respuesta del Gobierno en el Senado a una pregunta escrita formulada por las diputadas del PP Ana Isabel Alós y María Teresa Ruiz-Sillero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo detalla el volumen de trabajadores fijos-discontinuos que estaban inactivos en cada uno de los meses de 2022.
En los datos que Trabajo publica mensualmente sobre la evolución del paro y la contratación en las oficinas públicas de empleo, los fijos-discontinuos se contabilizan dentro de los contratos fijos y se excluyen del registro del paro aquellos que en ese mes se encuentren en un periodo de inactividad, lo cual ha sido muy criticado por la oposición, que entiende que esos trabajadores, al estar inactivos, están realmente parados.
Enero, primer mes de entrada en vigor de la reforma laboral, arrancó con 246.076 fijos-discontinuos inactivos no computados en los registros del desempleo. De ellos, 175.060 percibían prestaciones y 71.016 no la cobraban.
En febrero, los fijos-discontinuos inactivos ascendieron a 227.999 (68.563 sin prestación); en marzo bajaron a 197.579 (de ellos, 124.987 no cobraban prestación); en abril totalizaron 149.227 (79.696 sin prestación), y en mayo, mes en el que el buen tiempo suele ser más estable y la hostelería se prepara para el verano, los fijos-discontinuos sin actividad marcaron su mínimo anual, con un total de 136.113 trabajadores (66.248 sin prestación).
A partir del verano de 2022, el número de fijos-discontinuos inactivos empezó a repuntar, aunque de manera progresiva. En junio sumaron un total de 189.450 (93.119 sin prestación); en julio subieron a 251.010 (83.628 sin prestación) y en agosto totalizaron 266.084 (92.436 sin prestaciones).
En septiembre volvieron a bajar los fijos-discontinuos sin actividad, hasta las 187.401 personas (84.119 sin prestación), para después repuntar en octubre hasta los 294.224 (146.079 sin prestación), subir en noviembre a 397.144 (177.412 sin prestación) y acabar el año en 443.078 (174.676).
Estos trabajadores entran y salen de la actividad según sean llamados por las empresas y, con la reforma laboral, sus contratos adquirieron los mismos derechos que los indefinidos.
El número de parados registrados por las oficinas de empleo cerró el año pasado en 2.837.635, la menor cifra en un cierre de ejercicio desde 2007, según publicó entonces el Ministerio de Trabajo. Si a esa cifra se le suman los 443.078 fijos-discontinuos que estaban inactivos en diciembre de 2022, la cifra de desempleados se elevaría a 3.280.713 personas.
FEDEA PIDE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA SI ESTÁN INACTIVOS
Recientemente, el Observatorio Trimestral del Mercado Laboral que elaboran la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research, señalaban que este tipo de contratos estaban presentando tasas de baja elevadas, fundamentalmente por transiciones a la actividad, duplicándose en comparación con las existentes antes de la reforma laboral.
Para Florentino Felgueroso, investigador de Fedea, esta reforma no aborda una cuestión fundamental: cómo mejorar la situación de los trabajadores intermitentes durante su estancia en la inactividad. Así, señaló que, aunque pueden cobrar indemnización si son despedidos o paro si reúnen los requisitos para ello, no perciben nada si dejan su empleo, y ello pese a ser el “eslabón más débil” del mercado laboral.
Felgueroso recordó que en Francia y otros países, la empresa abona un salario o una compensación económica a los trabajadores intermitentes y estacionales a los que manda a la inactividad. En la misma línea, Marcel Jansen (Fedea) ha apostado por que las empresas asuman cierto coste por sus fijos-discontinuos cuando estén inactivos.
“Convendría que las empresas asuman una parte, que el coste no sea sólo para la sociedad (…) Hay facilidad para que las empresas releguen a la inactividad a los trabajadores a coste cero”, subrayó Jansen hace unos días.