MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El PSOE ha instado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a revisar sus procedimientos de seguridad de las centrales nucleares, para lo que debería incluir la previsión de necesidades de personal y de planes de formación “adecuados” con antelación “suficiente”, y todo ello en el marco del calendario de desmantelamiento de centrales entre 2027 y 2035, ratificado así por el socio principal del Gobierno.
Así lo recoge el Grupo Socialista en una propuesta de resolución al último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía.
En su propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE invita al Consejo a revisar su planificación a medio y largo plazo en los procedimientos de seguridad solo en aquellos casos en los que fuese necesario para el cese de explotación, en función del calendario previsto entre los años 2027 a 2035 y recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
Según ese calendario, la primera central que cerrará en 2027 será la de Almaraz I, en Cáceres. Ya en 2028, se prevé la clausura de Almaraz II (también en Cáceres) y para 2030 se proyecta el cierre de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). En 2032 se prevé el cierre de la central de Ascó II, también en Tarragona, y por último serán las centrales de Valdellós II y Trillo, en Guadalajara, las que cesen su actividad en 2035.
VOX PIDE NUEVAS CENTRALES NUCLEARES
En el lado contrario se sitúa Vox, que en sus proipuestas de resolución reclama impulsar la energía nuclear, favoreciendo la extensión de la vida útil de las centrales existentes y la instalación de otras nuevas y respaldando su inclusión en la taxonomía de la Unión Europea (UE).
Asimismo, también instan al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que derogue las prohibiciones de exploración, investigación y explotación de los recursos energéticos que se hallan en territorio nacional y que, por el contrario, las estimule e incentive.
Por el lado del PP, simplemente ha propuesto que las Cortes insten al Gobierno a asumir el contenido del informe, así como sus conclusiones y recomendaciones.