MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos defenderá este jueves ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados fijar un importe máximo a las comisiones que establecen las entidades propietarias de cajeros por la retirada de efectivo.
Y es que el grupo confederal duda de que este cobro esté directamente relacionado con el coste efectivo del servicio y advierte de los diferentes riesgos que entraña esta situación para los ciudadanos y el propio funcionamiento del sistema financiero.
INFORME A LA CNMC PARA COMPROBAR EL COSTE EFECTIVO
Así, esta formación que integra el Gobierno de coalición plantea encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sobre la situación del sector bancario para “obtener una imagen fiable del coste del servicio de retirada de efectivo” y así “evaluar la cuantía del coste del servicio en forma de comisión”. Hasta entonces, esta formación llama a “restringir” este cobro.
Estas son las propuestas recogidas en una proposición no de ley que someterá a votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del próximo jueves, donde propone regular el precio del servicio de efectivo en los cajeros automáticos.
EN EUROPA NO LLEGAN A 1 EURO Y EN ESPAÑA CASI ALCANZAN 4 EUROS
En su iniciativa, Unidas Podemos recuerda que desde 2015 se impide que la entidad propietaria del cajero automático exija una comisión al usuario del servicio, pero si a la entidad emisora de la tarjeta. Y este emisor puede repercutir total o parcialmente esta comisión.
Estas comisiones, sin acuerdo entre entidades, se fijan de forma unilateral, y no hay límite máximo al importe de las comisiones aplicadas por las propietarias a las entidades ajenas, sino que lo deja en manos de la CNMC, que establece que estas comisiones se orienten al coste efectivo del servicio.
Para el grupo confederal, esto genera inseguridad jurídica y abre la puerta a posibles abusos entre entidades. “En la práctica, se observa que las comisiones no guardan relación con los costes del servicio, y con carácter general han aumentado de manera desproporcionada, llegando a alcanzar los 3,95 euros”, aseveran.
Una factura muy distinta a la predominante en otros países europeas, en los que hay la red de cajeros es gestionada por un operador independiente a la que tienen acceso las entidades, con comisiones limitadas por normativa y que oscilan entre los 0,142 de Portugal y 0,89 euros de Francia.
CUATRO ENTIDADES COPAN EL 60% DE LOS CAJEROS
Según el análisis publicado en 2018 sobre estas comisiones, el 60% de los cajeros automáticos están en manos de las seis principales entidades (que realmente son cuatro contando las compras de Popular y Bankia por Santander y CaixaBank, respectivamente).
La falta de acuerdo para permitir una retirada más barata o gratuita de estas dos últimas entidades y BBVA, los tres bancos más grandes, hace dudar a Unidas Podemos que el cobro de comisiones esté relacionado con el coste. Todo ello en un contexto de bajos tipos –y, por tanto, menor rentabilidad del negocio bancario–, y de poder creciente de las entidades dominantes en el sistema financiero español.
El cobro de comisiones como estrategia comercial para aumentar sus ingresos y clientes, conlleva una serie de riesgos y consecuencias negativas, sostiene Unidas Podemos, que señala que así las entidades dominantes pueden tener menos incentivos para conceder créditos, daña la competencia del sistema, afecta a los usuarios y, además, impacta de forma desigual en función de la renta.
DIFICULTA LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES
Y es que, al no distinguir entre tipo de cliente, esta comisión repercute de forma más negativa a los clientes con menor capacidad económica, siendo además estos los más propensos a hacer un mayor número de retirada de efectivo en pequeños importes.
El grupo confederal señala que son las entidades más grandes, con una mayor red de cajeros, las que están aplicando una política de comisiones “agresiva”, y esto puede dificultar la entrada de nuevos competidores que se encuentren esta situación como una barrera insalvable.
Todo ello, concluye, en un país con una de las redes de cajeros menos eficientes de Europa y menos inclusiva, con más del 3% de su población en municipios sin oficina bancaria y un promedio de desplazamiento de 7 kilómetros para encontrar este tipo de atención.