MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El secretario de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Julio Lacuerda, ha recordado que la limitación a tres años de los contratos interinos “figura desde el primer día de la promulgación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)”, pero ha apuntado que lo que ocurre es que esto “se ha obviado de manera sistemática”.
“No es una novedad. Lo que sería una novedad es que se cumpliera a rajatabla por decisión administrativa, pero figurar figura ya en la Ley”, ha afirmado durante la presentación del que será el primer congreso ordinario de su federación, que se celebrará los días 27 y 28 de abril.
El secretario de FeSP-UGT ha afirmado que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, les ha planteado esta preocupación. Asimismo, considera que “en muy pocas semanas” las organizaciones sindicales deberían conocer alguna iniciativa en ese sentido.
Lacuerda, que se presenta a la reelección, ha afirmado que durante el Congreso se revisarán las consecuencias de las políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno del PP y que ahora han aflorado por la pandemia y ha afirmado que lo hará “pasando de la denuncia a la exigencia”.
“Los trabajadores de los servicios públicos son los primeros que han de establecer una especie de alianza ciudadana”, cree Lacuerda, que ha incidido en que la pandemia ha puesto de relieve que las administraciones públicas no están preparadas y que esto, según el líder de la federación, se debe a los recortes del pasado.
Para Lacuerda, el Congreso de la federación debe ir “un paso más allá y exigir cambios de políticas en términos globales”. “La pandemia ha puesto de manifiesto que los servicios públicos son esenciales, mejoran la vida de la gente y que los ciudadanos los necesitan para tener una vida digna”, ha apuntado.
El reto del empleo público y el abuso de la contratación temporal, serán dos de los principales ejes de análisis durante el Congreso.
De hecho, Lacuerda ha criticado el incumplimiento del II Acuerdo por el empleo, firmado en 2018 y todavía vigente, y ha incidido en que el acuerdo ha puesto de manifiesto que “no por poner negro sobre blanco un pacto se cambian comportamientos y actitudes que aparecen de manera cíclica, bien porque la norma no se cumple o porque no se adecua suficientemente a las necesidades de las Administraciones o a la naturaleza del propio empleo público”.
Por otro lado, ha resaltado que se tiene que impedir por ley el “abuso sistemático de las administraciones públicas en la contratación” y considera que el abuso de la temporalidad tiene que ser “severamente castigado”.
Lacuerda ha recordado que la temporalidad tiene su origen en que “durante más de una década en España no convocó ninguna oferta de empleo público”. “La tasa de reposición parece diseñada para evitar el aumento del gasto público en materia de personal y por otra parte se manifiesta como la responsable directa del aumento de la temporalidad, al seguir las administraciones públicas contratando en función de sus necesidades”, ha criticado, tras afirmar que desaparecieron las ofertas de empleo público, pero el empleo siguió creciendo de manera temporal a la medida en que las administraciones lo requerían.