Financiarán servicios de flexibilidad del sistema energético, sandboxes regulatorios o agregadores energéticos
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a información pública, hasta el próximo 1 de diciembre, una propuesta de orden ministerial que establece las bases reguladoras para otorgar ayudas a proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética, como los sandboxes regulatorios o los agregadores, con una primera convocatoria que estará dotada con 100 millones de euros en ayudas.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al Ministerio, se encargará de gestionar las ayudas, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y, concretamente, al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almcenamiento (Perte Erha).
Se otorgarán subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, repartidas en tres líneas de ayudas diferentes: innovación en la transición energética, descarbonización del sector energético e integración de energías renovables, y ‘Startup’ para la transición energética.
En un comunicado, el Ministerio indicó que las ayudas incentivarán proyectos de nuevos modelos de negocio que ofrezcan soluciones innovadoras a los retos planteados por la transición energética en torno a actividades como los sandboxes regulatorios o productos y servicios innovadores que proporcionen flexibilidad al sistema energético, como son los servicios de gestión de la demanda o los agregadores energéticos;
También se enfocarán a actuaciones de transformación, innovación y digitalización del sistema energético, que incrementen la conectividad, la interoperabilidad, la gestión inteligente de la energía y la ciberseguridad, servicios de acceso al dato, así como actividades para impulsar el desarrollo de mercados locales y de mercados de flexibilidad; o al impulso al almacenamiento energético en toda su cadena de valor enfocado a la mejora de los procesos, así como a la prestación de servicios relacionados con el reciclaje, recuperación de materiales y segunda vida de equipos.
En la adjudicación se tendrá en cuenta la puntuación obtenida aplicando criterios de valoración y puntuaciones máximas, hasta agotar el presupuesto.
Estos criterios recogen la viabilidad económica, el grado de innovación o protección del medio ambiente, la escalabilidad y potencial de mercado, la viabilidad del proyecto o externalidades como la contribución a la transición justa y al reto demográfico, el impacto socioeconómico y la creación de empleo, los aspectos medioambientales, el impacto en igualdad de género y el impacto económico en la cadena de valor industrial, entre otros aspectos.
Será necesario que las actuaciones estén finalizadas antes del 30 de junio de 2026, así como que respeten el principio de “no causar un daño significativo” al medio ambiente.