Anticorrupción pide para el expresidente de la entidad 3 años y 9 meses de prisión y multa de 45.000 euros
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal ha abierto juicio oral contra la antigua cúpula del Banco de Valencia por haber falseado presuntamente las cuentas de 2009 y 2010 a fin de ocultar un déficit de provisión superior a los 20 millones de euros entre los de riesgo normal y subestándar y los dudosos, motivando que el accionariado siguiese confiando en la entidad hasta acabar perdiendo sus inversiones.
En un auto del pasado 31 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 envía al banquillo a 13 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la entidad y de la Generalitat valenciana José Luís Olivas Martínez y el consejero delegado del banco Domingo Parra.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 3 años y 9 meses de prisión respectivamente como presuntos autores de un delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales de los citados ejercicios. Además, el Ministerio Público pide que se les imponga una multa aproximada de 45.000 euros.
La solicitud del Ministerio Público es inferior a la incluida en su escrito de conclusiones provisionales, cuando instaban a condenar a Olivas y a Parra a una pena superior: cuatro años y seis meses de prisión a cada uno.
El magistrado también ha acordado la apertura de juicio oral por el mismo delito para los exconsejeros del banco Celestino Aznar Tena, Antonio José Tirado, José Luís De Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, José Segura, Agnés Noguera, Manuel Olmos, María Irene Girona, Pedro Muñoz y Miguel Monferrer, socio de Deloitte y auditor de Banco de Valencia.
LOS RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS
Las penas solicitadas por el Ministerio Público para estos últimos varían desde el año y 6 meses de prisión que se solicita para Monferrer hasta los tres años de cárcel solicitados para Tirado, Aznar, Noguera o Segarra. Anticorrupción solicita en su caso multas que van desde los 21.000 euros hasta los 45.000.
El juez de la AN también manda a juicio en concepto de responsables civiles subsidiarias a Bancaja, Bankia, Valenciana de Inversiones, Banco Financiero y de Ahorro, Libertas 7, Macomar Inver, Minaval y a Deloitte.
Asimismo, el magistrado ha concedido a los acusados y a los responsables civiles subsidiarios un plazo que expira el próximo 1 de diciembre de 2022 para que los primeros presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas y los segundos puedan defenderse de las acciones civiles ejercitadas contra ellos
Por otro lado, el juez ha requerido a los acusados y a los responsables civiles para que, en el plazo de 15 días, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sean titulares con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades pecuniarias.
UNA IMAGEN “QUE NO SE ACOMODABA A LA REALIDAD” DEL BANCO
La apertura de juicio oral por parte de Abascal llega tres años después de que su predecesor en este juzgado, Santiago Pedraz, propusiera juzgar a los 13 acusados por las supuestas irregularidades cometidas en las cuentas del banco durante los años 2009 y 2010.
Según explicó entonces Pedraz, las cuentas anuales de 2009 formuladas por el Consejo de Administración en su sesión del 29 de enero de 2010, junto con el informe de gobierno corporativo del año 2009, “suponían ofrecer al exterior una imagen de relativa fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad, habida cuenta que la misma carecía de un plan estratégico, tratando únicamente de evitar la contabilización de activos dudosos y de su correspondiente dotación”.
En total, la suma de los déficits de provisión detectados a lo largo de la instrucción asciende en esas fechas a 12.139.000 euros (riesgo normal y subestándar) y 8.400.000 euros (dudosos), “superando ampliamente la cifra de materialidad señalada por la propia auditora en relación al resultado ordinario de Banco de Valencia” y que lo había establecido en 1,1 millones de euros, el 5% del total activo.
Pese a ello, conforme argumentaba Pedraz, Olivas Martínez dirigió, desde su posición de presidente de la entidad, “una carta a los accionistas en fecha 10 de febrero de 2010 en que defendía las cuentas, ofreciendo una imagen de confianza en la gestión y de buena salud financiera de la entidad, todo para que las cuentas se aprobasen por éstos, como así sucedió en la Junta General de Accionistas celebrada el día 6 de marzo de 2010”, en una situación que “quedó evidenciada” por las inspecciones del Banco de España.
“Al ofrecer una imagen de solvencia al mercado, los accionistas mantuvieron la confianza en la sociedad, lo que produjo la cuasi pérdida íntegra de sus inversiones, no siendo posible conocer la situación real hasta que, el 7 de noviembre de 2011, la CNMV suspendió la cotización bursátil de la entidad, al tiempo que la prensa generalista se hizo eco y dio publicidad a la situación, siendo esta fecha demasiado tarde para que los accionistas previos a tal fecha pudiesen tomar algún tipo de decisión informada al efecto de sus respectivos intereses”, explicó el juez.