MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presentado este jueves en el Congreso el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social para 2023, que evidencia que las partidas presupuestarias aprobadas durante el coronavirus son “una demostración casi empírica de que afrontar las crisis de la mano de la protección social permite ahorrar y mantener el empleo”.
La Secretaría de Estado contará en 2023 con un monto de 29.473 millones de euros, un 2,22% menos que en 2022, un descenso que representa “una magnífica noticia”, ya que es el resultado de los nuevos datos del mercado laboral, con casi 20,5 millones de trabajadores que van a permitir “reducir el gasto en prestaciones” para los desempleados.
Pérez Rey ha recordado que en 2020 se destinaron casi 35.000 millones de euros a prestaciones por desempleo y este 2023 será “un poquito más de 20.000 millones de euros. “Entre recortar prestaciones y sumir a la gente en la miseria o garantizar la protección social, este segundo camino es indudablemente mejor”, ha manifestado ante la Comisión de Presupuestos del Congreso.
El secretario de Estado ha destacado el que a su juicio es “uno de los elementos más decisivos” del presupuesto de 2023: la eliminación “de uno de los recortes más salvajes de la protección social en España”, en alusión a la bajada de la base reguladora de las prestaciones por desempleo del 60% al 50% cuando se superaban seis meses, durante el Gobierno del PP. A partir del 1 de enero de 2023 se revertirá esta situación y se volverá al 60% a partir del sexto mes.
“Supone que los desempleados españoles tendrán una subida del 11% que les permitirá mantener su poder adquisitivo”, ha dicho.
Pérez Rey ha garantizado que se mantendrán los planes integrales de empleo de Canarias, con 45 millones de euros, Andalucía, con 50 millones, y Extremadura, con 15 millones de euros. Además, se dará continuidad al Plan Especial para La Palma, con 30 millones de euros, por ser “clave” desde “la óptica de los planes de empleo”. Asimismo, se reforzarán con 5 millones de euros adicionales los planes para Ceuta y Melilla.
SUBIDA DEL IPREM HASTA 600 EUROS
Además, se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta 600 euros para poner fin “a esta temible década de la austeridad”. Desde 2020 hasta la fecha, el IPREM se ha elevado un 11,7%. “Se trata de una partida decisiva porque es a la que se vinculan la mayoría de los elementos de protección social en nuestro país y los subsidios de desempleo”, ha apuntado el secretario de Estado.
Pérez Rey también ha felicitado a la Inspección de Trabajo por su “labor encomiable”, “con mucha voluntad y fortaleza de servicio público”. El presupuesto para la Inspección se incrementa en 2023 un 8,5%, hasta los 206,4 millones de euros.
“Cuando entramos al Ministerio, el presupuesto fue de 145 millones de euros, hoy para 2023 es de 206,4 millones de euros. En esta legislatura, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha incrementado el presupuesto un 41,5%”, ha precisado.
Además, ha avanzado que se publicará “la mayor oferta pública de la historia de la Inspección” para incorporar a más de 600 nuevos integrantes. Para Pérez Rey, estos puestos de trabajo resultan “imprescindibles” para garantizar el cumplimiento de las políticas de la cartera.
Otra de las partidas que se incrementa es la dedicada a la Economía Social. Así, se ha pasado de los 8,2 millones del comienzo de la legislatura a los 81,5 millones para el cierre. “Hemos multiplicado por diez las cantidades”, ha añadido Pérez Rey.
El secretario de Estado ve justificado esta subida en el peso de la economía social en el PIB español, del 10%. “Es de absoluta justicia, es un ejemplo de buen hacer, y hay que impulsarles. Como ya hemos hecho con el PERTE de Economía Social y Cuidados y ahora también con el presupuesto”, ha insistido.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social dedicará 26 millones de euros más a la prevención de riesgos laborales para respaldar la estrategia y “poner fin a esta lacra”.
Las partidas para el Fondo de Garantía Salarial quedan estabilizadas al no prever “un incremento de las insolvencias empresariales”, en tanto que las partidas para el Consejo Económico y Social (CES) y la cooperación internacional suben un 12%.
“Algunos de los dogmas o lugares comunes del pensamiento económico, normalmente de matriz neoliberal, son nítidamente falsos. No hay mejor manera de responder a las crisis que incrementar la protección social y los derechos sociales. Esto es proteger a las empresas y al tejido productivo”, ha concluido el secretario de Estado.