LUXEMBURGO, 4 (EUROPA PRESS)
Los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) han dado luz verde este martes a la norma para establecer un marco común que asegure salarios mínimos dignos, con el objetivo de mejorar la prosperidad y la cohesión social en el bloque pero que, sin embargo, no supone fijar un umbral mínimo común para los Veintisiete.
“Los salarios mínimos y la fijación de salarios colectivos son herramientas poderosas que se pueden utilizar para garantizar que todos los trabajadores ganen salarios que les permitan un nivel de vida digno”, ha indicado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la República Checa, Marian Jurecka, en un comunicado.
Los ministros de Economía y Finanzas han dado el visto bueno a esta nueva norma, con el que es el último paso para su adopción a nivel comunitario, que establece los procedimientos para establecer el salario mínimo legal en cada Estado miembro, impulsa la negociación colectiva y mejora la protección de los trabajadores en el acceso al salario mínimo.
En base a esta directiva, los Estados miembro deberán fijar un procedimiento para establecer y actualizar el salario mínimo con criterios claros, de tal manera que estas revisiones se realice al menos una vez cada dos años, a más tardar cuatro, sin embargo, no estipula un nivel de salario mínimo específico que deban alcanzar todos los países.
La norma, fruto del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado junio, también promueve la negociación colectiva para aumentar el número de trabajadores amparados por ella. Así, los países deberán impulsar la capacidad de los interlocutores sociales y cuando la tasa de cobertura de la negociación colectiva este, por ejemplo, por debajo del 80% los países deberán fijar un plan para promoverla.
Además, el texto establece que los países de la UE tomarán medidas para mejorar el acceso de los trabajadores al salario mínimo legal con medidas como inspecciones laborales, información de fácil acceso sobre la protección del salario mínimo y aumentar la capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley contra los empleadores que no cumplen.