MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Gobierno está valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial para los empleados públicos del 3,5% para 2023, y baraja otras fórmulas para compensarles este mismo año por el desboque de la inflación, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales.
El diario ‘El País’ publica este miércoles que esta oferta del 3,5%, sujeta a cambios en la negociación con los sindicatos, no tendrá una aplicación directa y estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas, como el crecimiento del PIB o el nivel de la inflación.
El objetivo que persiguen los sindicatos y que parece compartir Hacienda, según las fuentes consultadas por Europa Press, es lograr un acuerdo plurianual que, a lo largo del ciclo, compense a los funcionarios por el repunte de la inflación.
De hecho, las mismas fuentes apuntan a que Hacienda baraja un acuerdo a dos años (2023 y 2024), pero con posibilidad de revisar el salario de los empleados públicos antes de que finalice el año para compensarles, en parte, por el repunte de los precios.
A los empleados públicos se les subió el sueldo a principios de este año un 2% y la inflación sigue registrando tasas de dos dígitos (10,5% en agosto). De ahí que se estudie una posible subida salarial para este mismo año, tal y como solicitan los sindicatos, que quieren además que tenga efectos retroactivos.
En todo caso, los sindicatos de la Función Pública están a la espera de que el Ministerio que dirige María Jesús Montero les detalle su propuesta durante la reunión de la Mesa General de esta tarde, prevista para las 16.30 horas.
CCOO, UGT y CSIF tienen además otras reivindicaciones de cara a la consecución de un acuerdo con el Gobierno, como la implantación de la jornada de 35 horas –a la que el Ejecutivo podría abrir la puerta–, la mejora de la promoción y la clasificación profesional, de las indemnizaciones por razón de servicio; el desarrollo y actualización del Estatuto Básico del Empleo Público; cambios normativos en materia de igualdad, la extensión de la jubilación anticipada al conjunto de los empleados públicos y la derogación de los recortes que se llevaron a cabo en el sector público a partir de 2010.
Para la consecución de estos objetivos, los sindicatos llevan meses movilizándose e incluso amenazaron con ir a la huelga (caso de CCOO) si no se lograba un pacto salarial con el Gobierno en el ámbito de la Función Pública.