Urgen a poner en marcha una Agencia de Protección al Consumidor eficaz
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Adicae y Asufin ven conveniente la aplicación de soluciones extrajudiciales ante el colapso de los juzgados especializados, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya hecho públicos este lunes los datos referidos a los asuntos pendientes y resueltos sobre cláusulas abusivas.
Las asociaciones han reivindicado en primer lugar la puesta en marcha de una Agencia de Protección al Consumidor que sea eficaz, lo que contribuiría a desatascar de forma notable la litigiosidad bancaria, que por su elevado coste económico no es deseada por el consumidor financiero y supone todo un despilfarro.
Además, solicitan la implementación de herramientas que promuevan el diálogo entre la banca y los consumidores como solución a los conflictos y al colapso de la Justicia.
Según los datos facilitados por el CGPJ, el número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados en cláusulas abusivas sumaba un total de 239.445, lo que supone apenas un descenso del 1,88%.
Adicae ha explicado que esto significa que en cuatro años de actividad de estos juzgados se ha acumulado un volumen de casos “inasumible” para la Justicia. “Urge darle la mayor prioridad posible a unos servicios de mediación y arbitraje independientes”, ha subrayado.
Además, teme que el fin de las medidas de apoyo, concretamente las moratorias surgidas durante este periodo, vuelva a disparar el número pleitos, y se agrave el colapso que ya sufren nuestros juzgados.
“Necesitamos una gran agencia que reconcilie a la banca con sus consumidores, algo necesario para la economía y para la propia satisfacción de los consumidores”, ha indicado el presidente de Adicae, Manuel Pardos.
Por su parte, la presidenta de Asufin, de Patricia Suárez, ha explicado que en la mayoría de estos litigios se da la razón el consumidor, por lo que un órgano extrajudicial avanzaría en la rápida resolución de estos contenciosos de consumo financiero.
“Consecuentemente, se produciría un ahorro para las arcas públicas y los bolsillos de los consumidores que muchas veces no pueden afrontar los altos costes de un procedimiento”, ha señalado Suárez.
En su opinión, “es responsabilidad del Gobierno y de las Comunidades Autónomas de dotar de medios a los tribunales, de lo contrario están vulnerando el principio fundamental de la Constitución española al estarse produciendo dilaciones indebidas”.