MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha manifestado, tras la aprobación definitiva de la Ley de reforma concursal el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, que la reforma concursal supone “un avance” para reducir el aluvión de concursos de acreedores previsto tras el final de la moratoria concursal.
Precisamente, la norma ha sido aprobada en un Pleno extraordinario del Congreso para que su entrada en vigor pudiera llevarse a cabo en septiembre, aunque el procedimiento para las microempresas no estará disponible hasta 2023.
Además, el CGE se ha referido a las mejoras introducidas durante su tramitación parlamentaria, de las que espera que se definan “con mayor claridad” en un futuro reglamento.
Sobre las propuestas realizadas en esta fase por el Registro de Economistas Forenses (Refor, el órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de insolvencias), los economistas han lamentado que no se hayan tenido en cuenta todas las propuestas, pero se han mostrado “razonablemente satisfechos” con los cambios que, a su juicio, “mejoran notablemente el texto inicial”.
En concreto, de las 38 enmiendas presentadas por el Refor, el texto final ha recogido 14 de forma total o parcial, lo que supone el 37% de las propuestas. “Evidencia la buena disposición que ha habido a la hora de escuchar a los profesionales del sector”, ha destacado el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich.
Entre las mejoras introducidas, los economistas forenses han destacado la bajada de los límites del nuevo procedimiento de microempresas, la extensión de la exoneración del crédito público y la clarificación de la figura del experto en reestructuración.
TOTAL COLABORACIÓN
El presidente del Consejo General de Economistas de España ha ofrecido la “total colaboración” de los economistas en lo que se refiere al desarrollo reglamentario de la ley, puesto que entienden que “aún son muchos los aspectos técnicos que se deben clarificar”.
Para su determinación podría ser de gran utilidad contar con la experiencia de los profesionales de la administración concursal, ha expresado Valentín Pich.
Además, Pich ha felicitado a los responsables de los ministerios de Justicia y de Economía, y a todos los grupos parlamentarios por las mejoras introducidas que darán “sin duda” un gran impulso a los planes de reestructuración, con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, “para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones”.
La aprobación de esta ley se produce en un contexto en el que las insolvencias de autónomos casi se han multiplicado por siete entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo período de 2022, según datos del Refor y el Instituto Nacional de Estadística (INE).