El Ministerio de Transportes pelea para que el de Hacienda flexibilice los requisitos para acceder a la compensación
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha constatado que más del 90% de las empresas del sector no puede acogerse al real decreto aprobado por el Gobierno para aplicar una revisión de precios de los contratos, cuyo objetivo era limitar el impacto que ha supuesto el incremento del coste de los materiales.
La patronal ha realizado un estudio en el que detalla que solo el requisito de que las obras tengan que tener una duración superior a un año para poder solicitar una revisión de precios ya deja fuera al 80% de ellas, que tienen una duración inferior a 12 meses.
Que los precios hayan tenido que subir un mínimo del 5%, la tipología de las obras o el tipo de materiales que entran en el perímetro de la medida son otros de los inconvenientes que han hecho que hasta el 95% de las empresas del sector no haya podido revisar sus precios.
Según la CNC, el Ministerio de Hacienda, que es el último Departamento que tiene que permitir cualquier revisión, puesto que afecta a las cuentas públicas, está poniendo trabas y ampliando los requisitos para dificultar la aplicación de la medida.
Por el contrario, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que depende de forma directa el ámbito de la construcción, “está haciendo todo lo posible” por solucionar este problema, según ha asegurado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, en una rueda de prensa.
En cualquier caso, a falta de que ambos ministerios acaben consensuando nuevas medidas, la patronal ha afirmado que los retrasos en la ejecución de obras ya está provocado el abandono de proyectos y una “parálisis” en el conjunto del sector.
La CNC ha señalado que este decreto está orientado principalmente a grandes contratos ferroviarios y de carreteras con amplios plazos de ejecución, pero que las pequeñas y medianas empresas “siguen sufriendo” las consecuencias de la inflación.
PROPUESTAS
Por todo ello, ha propuesto una batería de medidas que pasan por que los ayuntamientos queden vinculados a las decisiones de su comunidad autónoma, que se incluyan las obras comenzadas a partir de enero de 2021, que se aporte una propuesta provisional ante un plazo de respuesta largo por parte de la Administración o que se rebaje al 2% el umbral del alza de precios necesario para aplicarse.
Asimismo, ha pedido que se introduzcan más materiales, que se compense también el precio de la energía –que puede representar hasta el 30% del coste total de la obra–, que se elimine el límite del 20% a compensar y que se incluyan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento.
Según los datos del INE, en marzo la cerámica había subido un 40%, el aluminio un 55%, la madera un 16%, el cobre un 20%, los materiales siderúrgicos un 50%, la energía un 84% y el refino de petróleo otro 53%. Todo ello ha provocado un incremento del 30% en el precio de las obras.